La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que suspenda, de manera inmediata, la comercialización de productos químicos agropecuarios con el componente activo clorpirifós (CPF).

La entidad tendrá seis meses para eliminar, de forma definitiva, el uso de esta sustancia. La decisión busca proteger los derechos a la salud y la vida de los niños y adolescentes colombianos.

La Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, estudió la tutela que presentó un ciudadano en favor de los derechos de su hija menor de edad y de los demás NNA. En el país se comercializa y utiliza el plaguicida CPF, tanto en cultivos como en la alimentación de animales. No obstante, por sus niveles de toxicidad, este producto fue prohibido en la Unión Europea y en Estados Unidos.

La Corte revisó los estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según los cuales la exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson. Además, puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria e, incluso, la muerte.

Para la Sala, la exposición de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes a este plaguicida “presenta resultados adversos en el desarrollo neurológico (…) (cambios en la morfología cerebral, retrasos en las funciones cognitivas y motoras, déficit de atención y temblores). Esto porque este grupo poblacional absorbe rápidamente la molécula y esto impacta en su crecimiento y desarrollo”.

El Alto Tribunal encontró que el ICA, entidad encargada de autorizar el uso de plaguicidas y velar porque el sector agrícola funcione en condiciones adecuadas, ni siquiera evaluó el riesgo para la salud y la vida que, eventualmente, podría recaer sobre la población colombiana por el uso de esta sustancia. En cambio, la entidad desestimó los argumentos del accionante bajo la idea de que se trataba de apreciaciones subjetivas.

La sentencia indicó que continuar con el uso del CPF tendría como consecuencia que otros países se abstengan de importar productos colombianos por no ajustarse a sus estándares. Esto impactaría negativamente en la actividad agrícola, cuya promoción también se encuentra a cargo del ICA.

Por lo tanto, la Corte aplicó el principio de precaución en salud y concedió la protección de los derechos de los niños y niñas. En este sentido, ordenó al ICA que suspenda la comercialización del CPF y que adopte las medidas necesarias para eliminar definitivamente el uso de este pesticida. Igualmente, el fallo le ordenó al Ministerio de Salud que acompañe al ICA en el cumplimiento de las órdenes y solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que vigilen el cumplimiento de esta sentencia.

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El tutelante

Según el abogado y tutelante Luis Domingo Gómez, quien dijo actuar tanto en representación de su hija, Valeria Gómez del Río, como de los niños y generaciones futuras, señaló que el clorpirifós se puede encontrar en algunos alimentos, en especial frutas y verduras, por lo que se ha convertido en un riesgo para la salud humana, la fauna y el medioambiente, razones por las que es urgente que la Corte se pronuncie sobre su uso en los cultivos.

“El clorpirifós está causando graves daños neurológicos en niños y niñas, especialmente de cero a dos años, teniendo como consecuencia un coeficiente intelectual reducido, pérdida de la memoria y trastornos por déficit de atención”, indicó.

De hecho, el abogado alertó que esta molécula también es la segunda responsable de la muerte de abejas y polinizadores en el país.

Desde ahí la Corte Constitucional solicitó los conceptos necesarios para tomar una decisión final en este caso, teniendo en cuenta que es un tema novedoso y por la protección de los derechos de los niños, la salud y el medio ambiente.

Dentro de la tutela Gómez advirtió que en Colombia este pesticida se comercializa y se utiliza tanto en cultivos como en el levante y el engorde de animales, pese a que existen numerosos estudios que evidencian que el CPF causa daño neurológico en los niños y adolescentes.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) determinó que “existe una asociación entre la exposición al clorpirifós durante el desarrollo neurológico en los menores de edad”, dijo el abogado Gómez a Caracol Radio.

Así mismo, Gómez argumentó que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó que el químico causa afectaciones graves al desarrollo cerebral infantil. “Se tienen como consecuencias un coeficiente intelectual reducido, la pérdida de la memoria y trastornos por déficit de atención”, dijo el abogado.

De acuerdo con el demandante, en Colombia se utiliza esta molécula en la fumigación de cultivos de verduras, legumbres, frutas, tubérculos y hortalizas, para evitar las plagas que puedan destruirlos, aunque su uso podría afectar la cadena alimentaria del país.

“Basado en la evidencia científica de las autoridades ambientales americanas y europeas, le pido al juez constitucional que determine la salida de esta molécula del país, en favor de la salud cerebral de los menores de edad. Es un tema delicado, tal y como está pasando con el glifosato”, indicó el abogado.

Según las cuentas de Gómez, en el país hay 29 registros autorizados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para usar el insecticida. “Además, es la segunda molécula responsable de la muerte masiva de abejas y polinizadores. En los últimos 11 años murieron 176 mil colmenas por el uso del clorpirifós”, detalló.

El demandante planteó que el camino a seguir es sustituir, rápidamente, el clorpirifós por otros químicos más amigables con el medio ambiente. “Ya basta de defender lo indefendible. Esta molécula está dañando a las futuras generaciones”, manifestó.

El abogado Gómez espera que la Corte Constitucional convoque a una audiencia pública para que las autoridades ambientales y sanitarias entreguen informes técnicos que demuestren los posibles efectos adversos en la salud de los menores de edad del país.

En consecuencia, el ciudadano solicitó que se ordenaran y adelantaran las gestiones administrativas para suspender de manera inmediata los trámites para registrar plaguicidas con CPF en el país.