A un año de que finalicen su mandato, nueve gobernadores afrontan investigaciones disciplinarias e incluso penales, por actuaciones en el marco de sus funciones. Por ello, algunos están suspendidos del cargo y sus tareas las hacen encargados por el Gobierno nacional.
Es una situación que en mayor o menor medida se ha presentado en anteriores períodos, y en la cual es posible que también se vean inmersos algunos de quienes sean elegidos en los comicios del 2023.
Solo uno de los 32 gobernadores elegidos en 2019 para el periodo 2020-2023 ha salido definitivamente del cargo, Nemesio Raúl Roys Garzón en La Guajira, debido a que el Consejo de Estado declaró nulo el acto de elección al determinar que incurrió en doble militancia.
En tanto que está suspendido del cargo José Facundo Castillo, en Arauca, tras su captura en abril de 2021, investigado por supuestos nexos con el Eln.
La Fiscalía imputó a Castillo por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos.
Fungía como gobernadora encargada Indira Barrios, pero el Gobierno nacional la retiró esta semana del cargo porque en octubre pasado salió del país sin pedir permiso a la Asamblea de Arauca. A la funcionaria le queda el recurso de reposición, pero es un hecho que no podrá continuar.
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Chocó
En marzo pasado fue capturado el gobernador Ariel Palacios Calderón por supuestas irregularidades en la contratación durante la parte más crítica de la pandemia por el covid-19.
Mientras tanto, las riendas del departamento las lleva el secretario de Gobierno, William Darwin Hálaby.
Los hechos investigados tienen relación con un contrato por $2.091.500.000, suscrito de manera directa para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios del Chocó.
Cesar
Desde el año pasado está como gobernador encargado el secretario de Ambiente, Andrés Meza, luego de que el Tribunal Superior Judicial de Bogotá dictara medida de aseguramiento domiciliario a Luis Alberto Monsalvo por supuestas irregularidades en contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) por $17 mil millones, hechos que se produjeron en 2015 en su primer gobierno al frente de este departamento.
Amazonas
Mientras que contra el gobernador Jesús Galdino Cedeño la Fiscalía el año pasado radicó escrito de acusación por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales que se suscribió para el suministro de alimentos para el programa PAE, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica del covid-19, por un valor de $429 millones.
La Fiscalía tuvo en cuenta también que Galdino, previo al convenio que lo tiene hoy encartado, suspendió a finales del año 2020 un contrato de alimentación escolar que había suscrito la anterior administración.
Antioquia
A pesar de que Aníbal Gaviria se reincorporó al cargo a finales de septiembre del año pasado, tras seis meses con detención domiciliaria, sigue el proceso en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato para las obras de pavimentación y mantenimiento de un sector de la Troncal La Paz entre 2004 y 2007, cuando fue mandatario del departamento por primera vez.
La medida de aseguramiento de Gaviria fue impuesta el 5 de junio de 2020 por la Fiscalía General; sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín, el 16 de octubre de 2020, aceptó el recurso de habeas corpus, presentado en ese entonces, permitiéndole recuperar su libertad.
La historia tuvo otro giro en marzo de 2021, cuando la Fiscalía volvió a acusar a Gaviria ordenando nuevamente su detención preventiva.
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Guaviare
La Procuraduría General abrió, a mediados del 2021, investigación disciplinaria contra el gobernador Heydeer Yovanny Palacio Salazar y su secretario de gobierno, Luis Carlos Granados Gómez, por posibles irregularidades en un contrato de servicios logísticos para atender la calamidad pública que se presentó en este departamento en el año 2020.
Los hechos objeto de investigación están relacionados con un contrato celebrado, por $233 millones, para el transporte de ayudas humanitarias, así como el hospedaje y alimentación priorizado para el personal de salud, organismos de socorro y personal logístico designado.
Putumayo
A finales de noviembre pasado el gobernador Buanerges Rosero Peña fue llamado a juicio por el delito de peculado por presuntas irregularidades en la compra de 10 ambulancias medicalizadas, en lo cual habría incurrido en sobrecostos y otras actuaciones ilícitas al amparo de la emergencia sanitaria por el covid-19.
El mandatario departamental estuvo suspendido del cargo durante nueve meses, volviendo al mismo en agosto del año anterior.
San Andrés
En abril del 2021 el gobernador Everth Hawkins retornó al cargo tras permanecer cinco meses con medida de aseguramiento domiciliaria por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos suscritos en medio de la emergencia sanitaria del covid-19.
La Fiscalía señaló que el mandatario departamental abrió un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas; sin embargo, 48 horas después decretó la calamidad pública por el covid-19, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y, al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios con Noel Foto SAS.
El material probatorio da cuenta de que el gobernador habría desconocido la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició, según la Fiscalía, a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins Sjogreen.
Boyacá
La Procuraduría General de la Nación abrió en noviembre pasado investigación disciplinaria contra el gobernador Ramiro Barragán Adame, por posibles irregularidades en la suscripción de un contrato con una empresa representada por una presunta aportante a su campaña política, durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por covid-19.
De acuerdo con la denuncia hecha en junio de 2020, la Gobernación habría asignado un contrato de transporte a la empresa Los Muiscas S.A., por valor de $70 millones, cuya representante legal habría realizado aportes a la campaña política del hoy mandatario de los boyacenses.
La investigación disciplinaria señala que “la queja sugirió en su momento que, al parecer, esta contratación se realizó como presunto pago de favores, a esta aportante a la campaña del citado gobernador”.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad disciplinaria.
Así mismo, en desarrollo de este proceso y por conexidad con los hechos, el Ministerio Público verificará la existencia de otro tipo de contratos suscritos entre la Gobernación de Boyacá y los representantes legales de la citada empresa de transporte.