El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, falló a favor de la demanda instaurada por Gustavo Petro y declaró nulidad parcial del fallo fiscal emitido por la Contraloría Distrital de Bogotá, por la modificación de las tarifas del sistema masivo de transporte TransMilenio en horas valle.
El tribunal ordenó, como restablecimiento de derecho, a la Contraloría Distrital de Bogotá "dejar sin efecto única y exclusivamente la condena de responsabilidad fiscal impuesta al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y dejar sin efectos su inclusión en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría y en el registro de inhabilidades de la Procuraduría o en su defecto cualquier registro donde aparezca el demandante Petro Urrego como responsable fiscal, únicamente en lo referente al proceso de responsabilidad fiscal número 170000-0002/12".
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El candidato presidencial, en ese entonces alcalde de Bogotá, decidió reducir las tarifas de cobro del sistema masivo de transporte, lo que fue condenado, en un fallo de 131 páginas, por la Contraloría, en junio de 2016, donde indicó que la decisión del mandatario había generado un daño patrimonial de 187 mil millones de pesos.
En ese entonces, el organismo de control indicó que el Decreto 356 de 2012 generó “un desequilibrio económico porque se aumentó el déficit tarifario entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario”. En consecuencia, ese faltante, según la Contraloría, tuvo que ser “cubierto” con recursos públicos de Bogotá ya que “la administración distrital transfirió recursos de los ingresos corrientes del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) a título de gasto”.
El exmagistrado y ahora abogado de Gustavo Petro, Julio Cesar Ortiz, también pidió, a título de restablecimiento del derecho, dejar sin efecto la sanción económica impuesta, por la Contraloría, por la suma de $217.204.847.989.