El hacinamiento, unido a otros graves problemas que afronta la población privada de la libertad por delitos comunes o de otra índole, calificado en muchas ocasiones por varios observadores de distinto color político como una “bomba de tiempo”, amenaza con estallar.

A las protestas esporádicas que se suceden en centros de reclusión de menor tamaño como en Cúcuta (Norte de Santander), Riosucio (Caldas), Acacías o Villavicencio (Meta), ayer los reos de cuatro grandes penitenciarías emprendieron un movimiento casi simultáneo. 

La víspera, 2.300 presos de los nuevos pabellones de la cárcel La Picota (Bogotá) iniciaron una huelga de hambre ante la llegada de nuevos reclusos, hecho que disparó el creciente hacinamiento en el centro de reclusión.

Con Caracol Radio se comunicó un interno de ese penal declarando que "estamos en huelga de hambre porque la Rama Judicial nos está incumpliendo. Hoy nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de alimentos, no estamos recibiendo a los abogados, no estamos recibiendo notificaciones, ni estamos saliendo los internos a las remisiones judiciales".

Al movimiento se unieron las reclusas del Buen Pastor y los internos de La Modelo, de Bogotá, así como los reos de Cómbita, en Boyacá.

En julio pasado, en Acacías (Meta) se produjo una huelga motivada, según los presos, por el derecho al agua y a la asistencia en salud.

En junio protestaron los internos de la penitenciaría de Palogordo (Girón, Santander). A comienzo del mes, los presos políticos y comunes, hombres y mujeres de la cárcel de Villavicencio iniciaron una huelga indefinida de hambre motivada por lo que consideraron la violación al derecho a la salud y a la vida, ya que, denunciaron, “existen cientos de solicitudes médicas sin atender”, represadas por la ausencia de una entidad que asista la salud de los reclusos en Colombia.

Aún están protestando los de Riosucio, que el martes se negaron a desayunar en protesta por la mala calidad de los alimentos, pero también por la desatención en salud y el hacinamiento.

Hacinamiento y plan de choque

Los amotinados en Cómbita, La Modelo, La Picota y El Buen Pastor piden crear una comisión de población carcelaria que esté conformada por entre 9 y 13 internos de varias cárceles del país para negociar la rebaja de hasta 50 por ciento de la pena a todos los presos para combatir el hacinamiento.

El Gobierno es consciente de la situación explosiva y por eso la ministra de Justicia Ruth Stella Correa anunció audaces medidas como un 'pico y placa' para las visitas, la construcción de seis centros penitenciarios y un plan de choque que defina “cuándo debe pagarse una pena con prisión intramural o cuándo puede haber detención domiciliaria y contribuir un poco a solucionar ese grave problema de hacinamiento que viven nuestras cárceles”.

El ‘pico y placa’ implica un cambio en el régimen de visitas. Correa explicó que de acuerdo con el número de cédula del visitante, par o impar, se dividirán los días en que pueden ingresar a los centros penitenciarios y que están analizando la posibilidad de restringir la entrada los días domingo de las personas que hayan adelantado visita el viernes.

En medio de este caldeado clima, el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, anunció que junto con el senador Carlos Baena, del MIRA, citarán a la ministra Correa a un debate de control político "para que se examine de manera rigurosa" la situación en las cárceles del país.

"Aquí se deben asumir una serie de decisiones que no van a ser superficiales, tiene que examinarse la política criminal y ponerse en armonía con la política penitenciaria. El problema del hacinamiento y, por ejemplo, de la atención médica, no puede seguir siendo un asunto que se vea con desdén. Todo esto requiere algo más que la construcción de unas cuantas nuevas cárceles en el país", dijo Cepeda.

El congresista advirtió que la crisis de hacinamiento y de problemas sanitarios en las cárceles colombianas, está llegando a su peor nivel y que es imperioso que el Gobierno decrete la emergencia carcelaria, al igual que urge poner en funcionamiento la Comisión de seguimiento aprobada por el Ministerio de Justicia.

Cepeda señaló que han pasado más de dos meses desde que Caprecom dejó de prestar el servicio de salud en las cárceles, sin que se haya dispuesto un reemplazo para ello.

Según el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en este año ya se llegó a la población carcelaria calculada para finales de 2014. “Tuvimos una disminución importante en condenados, pero un aumento en sindicados”.

El presidente del Congreso Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), indicó que "entendemos la angustia de la ministra Ruth Stella Correa ante el drama humanitario causado por el hacinamiento carcelario, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad".

Para Barreras "la solución no puede ser soltar a la calle a miles de delincuentes condenados por asaltos, atracos callejeros, lesiones personales y delitos de toda naturaleza que se beneficiarían de esta masiva excarcelación, además porque es imposible controlar la detención domiciliaria de miles de delincuentes”.

Y concluyó diciendo que “el mensaje a los colombianos no puede ser que ante la incapacidad del Estado para hacer pagar las penas a quienes asaltan a los ciudadanos, la decisión sea liberarlos incrementando el riesgo de inseguridad en las ciudades".

Crisis

La crisis carcelaria en Colombia se da, especialmente, por los altos niveles de hacinamiento de reclusos en los penales, que llegan hasta 200 por ciento.

Según la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los últimos doce años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009.

Según estudios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 70 por ciento de los reclusos en el país está por delitos menores.