EN EL aire está la inquietud de si en el trámite por la Cámara prosperará una de las principales novedades introducidas esta semana por la plenaria del Senado a la reforma a la Justicia: la extensión de la silla vacía.

En realidad, no hay nada por ahora que permita pensar que el tema será retirado del articulado que debe marchar rápidamente para poder completar la primera vuelta antes del 16 de diciembre.

De hecho, como lo planteó anticipadamente EL NUEVO SIGLO en octubre pasado, la introducción del tema se veía venir, “en vista de que no son pocos los parlamentarios investigados por corrupción y anomalías con dineros e instituciones públicas”, previó este Diario, por lo que se buscaba “agravar” el “castigo” a los “partidos políticos que los avalaron”.

Efectivamente el martes, en el texto del proyecto de reforma constitucional a la Justicia, fue incluido un artículo que extiende la silla vacía a cualquier conducta de tipo penal, de manera que cuando un congresista sea condenado por cualquier delito operará esta figura.

Quien se atrevió a poner el dedo en la llaga fue el senador caribe José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

“En las democracias, los partidos políticos son la representación de la sociedad frente al Estado. Por consiguiente, la responsabilidad de los mismos frente a la sociedad debe verse reflejada en sus integrantes y en sus decisiones, catalogando como inaceptable cualquier tipo de corrupción”, manifestó.

Para Name, “la calidad de congresista debe obligar a quienes la ostentan a tener la máxima transparencia en su actuar y una hoja de vida intachable”.

Y no es para menos. Como lo publicamos, ver a los legisladores “desfilando hacia los tribunales judiciales y las cárceles se ha vuelto una imagen muy común para los colombianos”.

Por el sólo proceso de la parapolítica no menos de 60 Senadores y Representantes “terminaron investigados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una gran parte de los cuales fue recluida en prisiones y de éstos un buen porcentaje fue condenado e incluso poco más de la mitad ha recobrado ya su libertad por cumplimiento de la pena”, sostuvo la publicación.

Fue precisamente la gravedad de ese escándalo y el impacto sobre la ya muy deteriorada legitimidad del Congreso lo que llevó en 2009 a tramitar una reforma constitucional que ampliara el ámbito de las sanciones políticas a los partidos que avalaran a los parlamentarios que resultaran procesados por nexos con grupos al margen de la ley.

Fue así como en esa reforma política constitucional se estableció la figura de la silla vacía, que consiste en quitarle a los partidos el escaño en el Congreso cuando su respectivo titular fuera capturado por sindicaciones de nexos con guerrilla, paramilitares y otros grupos armados ilegales.

En este contexto, expresó Name, uno de los objetivos principales con la figura de la silla vacía es el establecimiento de un estricto régimen de responsabilidades para los partidos políticos, que logre cerrar la puerta a candidatos no merecedores que buscan a través de la voluntad popular para ocupar espacios de representación política.

Siendo la mayoría de los delitos en que recientemente investigan a congresistas, como por ejemplo el escándalo en la Dirección Nacional de Estupefacientes, conductas punibles relacionadas con presunta corrupción, “y sobre todo estando de por medio dineros del erario público, empiezan a escucharse voces que urgen reformar el artículo 134 para que se amplíe el número de conductas punibles que darán lugar a la sanción de silla vacía”, comentamos en su momento.

De esta forma, a los nexos con grupos ilegales, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, se le podría sumar toda la gama de delitos contra la administración pública como prevaricato, peculado, desvío de recursos oficiales, cohecho, concusión, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Así, la idea es que la única forma de que la política se depure, es obligar a los partidos a escoger mejor a sus representantes en cargos de elección popular.

Bajo estas consideraciones, resultaba claro que el castigo más efectivo y ejemplar es restringirle lo más posible la posibilidad de reemplazar a los parlamentarios cuando éstos sean capturados, sin importar la gravedad del delito.

En ese momento, este Diario se preguntó: “¿El Gobierno, que a través de su coalición maneja 90 por ciento de las curules en el Congreso, aceptaría hacer más drásticos los castigos políticos a los partidos que avalen a parlamentarios procesados por corrupción?”.

Al someter el tema a consideración de sus colegas, Name reveló que “el Gobierno y el Senado han visto con buenos ojos esta propuesta apoyándola decididamente. La semana pasada le manifesté el tema al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, y es un éxito que hoy ya esté incluida esta propuesta en el reforma que busca fortalecer las corporaciones y los cargos de elección popular”.

De hecho, al término de esa sesión plenaria, el ministro Esguerra declaró que “este proyecto es bastante mejor que aquel que salió de la Comisión Primera del Senado. Creo que va por muy buen camino y que tiene muy buenos augurios”.

En 15 días, el proyecto pasará a tercer debate, de los ocho que debe surtir un proyecto de acto legislativo, en la Comisión Primera de la Cámara. Si es aprobado, le faltará el cuarto y último debate en esta legislatura, en la plenaria de la misma corporación para, en marzo del año entrante, comenzar la segunda vuelta en la Comisión Primera del Senado.