La “Misión internacional independiente de determinación de hechos en Venezuela”, adscrita a la ONU, advirtió ayer su profunda preocupación por la situación de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, detenida por las autoridades del régimen chavista el viernes pasado cuando intentaba viajar al exterior, junto a su hija, por el aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas. La Misión urgió al gobierno Maduro poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país y que no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos.