Más allá de la suerte del proyecto de reforma a la salud, que está siendo discutido, en segundo debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes, que hoy termina sesiones extraordinarias con ese único propósito, muchos sectores están urgiendo acciones, aquí y ahora, para afrontar la crisis del sistema que se agrava día tras día, no solo por la cantidad de EPS intervenidas y el desfinanciamiento severo de estas y la abultada deuda con clínicas y hospitales, sino por el deterioro progresivo en la calidad y pertinencia del servicio, así como la escasez de medicamentos, entre otras.

Casi todos los días hay campanazos frente a la crisis actual sin que lamentablemente se vea una acción decidida y determinada del Gobierno, Invima, la Superintendencia de Salud y otros actores del sistema para hacer frente a esta complicada circunstancia que está poniendo en riesgo la salud y la propia vida de millones de colombianos.

El último campanazo al respecto lo dio el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien advirtió la necesidad de calcular de forma realista el valor de la Unidad de Pago por Capitación, que es la cantidad de recursos que se le reconoce a cada EPS por afiliado.

El rezago en el valor de la UPC es uno de los mayores factores de desfinanciamiento del sistema hoy por hoy. Precisamente, por ello el máximo vocero del empresariado en Colombia advirtió que para la vigencia 2025 es crucial para garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía de este derecho fundamental.

Tras un estudio adelantado por la ANDI para calcular cuánto debería crecer la UPC el próximo año para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema (sin tener en cuenta los faltantes acumulados), se encontró que el reajuste debería ser al menos del 16,9%.