Ya está definido que el Congreso será convocado para sesiones extras el próximo 16 de febrero con el fin de discutir la reforma a la Ley de Orden Público para posibilitar la creación de las llamadas “zonas de concentración” de las Farc, elemento clave para un cese el fuego y de hostilidades bilateral con la guerrilla. Sin embargo, aunque el Gobierno ha reiterado que ese será el único tema de las sesiones extraordinarias, trascendió en los pasillos de la Casa de Nariño que varios ministros han sugerido la posibilidad de que se adicionen otros asuntos, relacionados con proyectos que ya están en curso y se requiere acelerar su aprobación o incluso con iniciativas nuevas que todavía no han sido precisadas pero son urgentes. El tema ya fue tratado en el primer consejo de ministros de este año, días atrás, y será definido la próxima semana en el mismo escenario de la Casa de Nariño.

ONU, misión y CPI

Continúan las hipótesis alrededor de por qué el Gobierno decidió acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y no a la Asamblea General para tramitar la solicitud de una misión de verificación y monitoreo del cese al fuego y desarme de las Farc. Una de esas hipótesis, por ejemplo, va dirigida a que el Estatuto de Roma contempla que solo el Consejo de Seguridad está facultado para pedirle a la Corte Penal Internacional que suspenda procesos. Aunque ni Gobierno o la guerrilla han hablado de esta eventualidad, lo cierto es que  se trata de una facultad discrecional de la máxima instancia de Naciones Unidas y, por lo tanto, podría ser utilizada sin que la misma se haya establecido taxativamente en la petición oficial que ya elevó el Estado colombiano ante la ONU esta semana y que, se espera, sea respondida positivamente en los próximos días o semanas, dando lugar a que se empiece a confeccionar el respectivo protocolo y mandato de la misión.

Sorpresivo cambio

Otros de los asuntos que ha causado extrañeza alrededor del acuerdo a que llegaron Gobierno y Farc sobre un monitoreo internacional al cese del fuego y desarme de la subversión, es el reversazo de la Casa de Nariño alrededor de qué países podrían hacer parte de esa misión de la ONU, cuyos delegados deben ser escogidos de países latinoamericanos y caribeños. Inicialmente, el martes, el presidente Santos había dicho que los países fronterizos con Colombia no harían parte de la misión, lo que, según se entendió, descartaba de entrada a delegados de Venezuela, Ecuador o Nicaragua, cuyos gobiernos militan en el llamado “socialismo del siglo XXI” y tienen una postura flexible frente a la guerrilla colombiana. Sin embargo, el miércoles el propio Gobierno admitió que la ONU puede escoger delegados de los países latinoamericanos que considere, sin importar que sean o no limítrofes con Colombia.  ¿Por qué si el martes se decía que la tradición del Consejo de Seguridad era no escoger para una misión de este tipo a personas de países limítrofes con la nación en donde va a funcionar esa instancia, se cambió la tesis de un día para otro?