NO TENDRÍA POR QUÉ CAMBIAR (I). Se le preguntó a un exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional en torno a si creía que el nuevo concepto de la Procuraduría General sobre la ley de reforma pensional que presentará en próximos días el actual titular del Ministerio Público, Gregorio Eljach, será diferente al que radicó, en noviembre pasado, su antecesora, Margarita Cabello, pidiendo la inexequibilidad de la norma aprobada al término de la segunda legislatura, a mediados del año pasado. Como se recuerda, en la plenaria de la Cámara se acogió sorpresiva y atropelladamente el texto aprobado por la de Senado y, según los expertos, eso vició el trámite de forma grave e insubsanable.
NO TENDRÍA POR QUÉ CAMBIAR (II). “... Los elementos de un juicio de constitucionalidad no varían dependiendo quién esté en la cabeza de la Procuraduría… No tendría por qué cambiar el sentido del concepto, pues tanto en la anterior administración Cabello como en la de Eljach se parte del análisis de la misma información del trámite del proyecto en sus cuatro debates... No hay información nueva ni tampoco cambio legal, constitucional o jurisprudencial que lleve a variar la valoración, salvo que se detecte error manifiesto y grave en el primer concepto... Sin embargo, lo dudo... De hecho, en el periodo de Cabello la mayoría de los conceptos de la Procuraduría en las demandas de inexequibilidad fueron acogidos por ponentes y sala plena”, precisó el exmagistrado en charla informal con un periodista de este Diario.
CANDIDATURA A LA VISTA. En los pasillos del Departamento Administrativo de Prosperidad Social dan como un hecho que Gustavo Bolívar renunciará en las próximas semanas con el fin de lanzar su aspiración presidencial para el 2026. Incluso, se asegura que el presidente Petro no le aceptó la dimisión protocolaria con el fin de evitar que tuviera que salir del cargo en medio de la crisis ministerial y, además, con coletazo político negativo por el recorte de subsidios. Se afirma, además, que ya algunos sectores del petrismo de primera fila han entrado en contacto con Bolívar para analizar los pasos a seguir una vez deje el cargo en el DPS y pase a integrar la baraja de presidenciables en las toldas del Pacto Histórico.
DAÑO COLATERAL. En los corrillos políticos se asegura que en el alto gobierno hay preocupación por los coletazos políticos y electorales de los recortes presupuestales que se están aplicando a raíz de la aguda crisis fiscal. Incluso se escuchan voces que advierten que, en pleno año de campaña proselitista, la Casa de Nariño debería ‘darse la pela’ y arriesgarse a un mayor déficit de las finanzas públicas, pues las bases populares van a resentir el freno a la inversión social y pasarían factura en las urnas. Entre los temas que más preocupan están los recortes a los subsidios para jóvenes y bonos para familias que padecen hambre, así como el desmonte de los alivios de tasas de interés en los créditos del Icetex y en el programa “Mi Casa Ya”.
NO DARLES LA INICIATIVA. A propósito de estos recortes presupuestales, hay división en el Pacto Histórico. Para algunos sectores hace bien el Gobierno en aplazar o suspender giros de recursos para obras y proyectos sociales y de infraestructura en Bogotá, Medellín, Antioquia, Atlántico y otras ciudades capitales o departamentos que tienen músculo financiero para sufragar estos rubros. Sin embargo, otras voces en la coalición de la centro-izquierda son de la tesis de que en pleno año electoral no conviene que alcaldías y gobernaciones que no son de inclinación petrista tomen la iniciativa en materia de inversión social. Recuerdan que ya en muchas de esas jurisdicciones la izquierda recibió una paliza política y electoral en octubre de 2023, durante los comicios regionales y locales.
AL TABLERO. Parlamentarios de distintos partidos piensan citar a un debate de control político con el fin de analizar qué es lo que está pasando con las cifras sobre homicidios en el país. Esto ante las denuncias de algunos sectores políticos y regionales en torno a presuntas maniobras poco claras de varias autoridades locales para registrar la sumatoria de muertes violentas en sus respectivas jurisdicciones. Serán citados el ministro de Defensa, el director de la Policía, así como el del Instituto de Medicina Legal.