Muy preocupados se encuentran en el Concejo de Bogotá por el impacto que las crisis políticas que rodean al gobierno distrital podrían tener en la percepción de las firmas calificadoras de riesgo crediticio sobre la estabilidad financiera de la capital del país. Como se sabe, Bogotá ha sido considerada en los últimos años como una plaza muy segura a la hora de conseguir créditos en la banca multilateral y privada. Sin embargo, las firmas también tienen entre sus indicadores aspectos distintos al meramente financiero. Miden, por ejemplo, la estabilidad jurídica de los gobiernos nacionales y seccionales, con el fin de determinar si eventuales coyunturas políticas podrían poner en peligro los cronogramas de pago de las obligaciones, la sanidad de las finanzas de la respectiva jurisdicción e incluso la solidez de las fuentes de ingreso, como las tributarias o las inversiones en empresas públicas y privadas.

Contacto directo

El Gobierno analizaba ayer si era necesario que el lunes los ministros se desplazaran a las regiones en donde eventualmente se realizará el paro campesino. Ello con el fin de hablar directamente con los manifestantes, explicarles cómo va el cronograma del cumplimiento de los compromisos que se asumieron en agosto pasado, cuando se desarrolló el primer paro agrario. La percepción que se tiene en las esferas gubernamentales es que los líderes de las llamadas “dignidades” no están comunicando a sus bases los resultados de las negociaciones con los ministros, y por eso se buscaría un contacto más directo con los labriegos que se movilicen.

Harakiri político

A propósito del informe que publicó ayer EL NUEVO SIGLO en torno de si la acción de tutela terminaría pagando los platos rotos del accidentado caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exministro de Justicia le dijo a un periodista de este diario que “… un retroceso en el recurso de amparo sería absolutamente negativo, pues no sólo le quitaría al ciudadano de a pie la herramienta judicial que considera más efectiva para hacer valer sus derechos fundamentales cuando los considera violados, sino que una medida en ese sentido sería un absoluto harakiri político para el candidato o partido que así lo proponga”. Según el exministro, que pidió la reserva de su nombre, la acción de tutela es vista por la ciudadanía como una especie de derecho adquirido que no puede ser ya anulado o recortado.

Vuelve y juega

La controversia respecto de los alcances y resultados de la política de restitución de tierras a desplazados y despojados por la violencia, volverá al Congreso. El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde y otros altos funcionarios de las agencias de víctimas y restitución tendrán que defenderse en el Senado y la Cámara. Varios congresistas recaudan ya la información para el respectivo debate, centrando su atención no tanto en el porcentaje de sentencias y procesos de devolución ya en firme, sino en lo que consideran como “bajo nivel” de solicitudes de reclamo de predios. Para los parlamentarios, lo que debe preocupar no es la lentitud de los procesos de restitución de tierras sino el bajo volumen de peticiones pese a que se habla de cinco o seis millones de tierras expropiadas a sangre y fuego por guerrilla, paramilitares y otros actores violentos.