“… Donde manda capitán, no manda marinero”. Esa fue la respuesta que un alto dirigente de La U dio ayer a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando se le preguntó cuál debería ser la estrategia de la colectividad para la Alcaldía de Bogotá. “… Aquí todo el mundo está hablando de lo que se debe hacer, cada quien bajo sus criterios e intereses, pero al final todos sabemos, tanto los dirigentes como la bancada del Congreso y el Concejo, que será el presidente Santos el que dé la última palabra al respecto… Mientras tanto, todo lo que se diga o haga resulta preliminar y propositivo, que sirve para dar agenda a los corrillos políticos y, claro, ponerles oficio a ustedes (los periodistas)”, precisó el dirigente consultado, que pidió la reserva de su nombre.

Ahí está y…

Fueron pocos los congresistas que se quedaron en la capital del país en las festividades navideñas y de cambio de año. Uno de ellos aprovechó para reunirse con varios concejales de la ciudad en la primera semana de enero. En uno de esos encuentros se analizó qué podría pasar si el Consejo de Estado llegara a levantar las medidas cautelares que congelaron la sanción de destitución de la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro en diciembre de 2013. La conclusión de los dirigentes es que el mandatario distrital terminará su período y que las posibilidades de que salga del cargo y sea necesario designar un alcalde encargado son mínimas. Vea pues.

¿Y las denuncias?

Tras las afirmaciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, (SAC) en torno de que la carestía de algunos alimentos se debe a especulación y no a efectos del fenómeno climático de El Niño, ya se escuchan voces de asociaciones de consumidores que exigen a la Fiscalía que tome cartas en el asunto e inicie las respectivas pesquisas para detectar y judicializar a los responsables de la situación delincuencial.

Rebajas obligatorias

Y hablando de consumidores, un grupo de abogados está preparando una acción popular mediante la cual quieren conminar a las autoridades a que ordenen la rebaja en el precio de varios productos o servicios cuyo valor se fija de acuerdo con la cotización internacional del petróleo. Según conoció EL NUEVO SIGLO, la idea es que la justicia, al resolver la acción popular, ordene al propio Gobierno reflejar en forma más directa la caída de los precios del petróleo en el costo interno de la gasolina, así como en las tarifas de los tiquetes aéreos.

No y tampoco

A un periodista que cubre en La Habana las incidencias del proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc, le pidieron la semana pasada que indagara entre sus contactos en la prensa cubana sobre los rumores respecto de una eventual muerte de Fidel Castro. Tras las respectivas pesquisas con periodistas de ese país, no sólo le desmintieron esas versiones sino que, además, le dijeron que si Fidel hubiera fallecido el gobierno de su hermano Raúl no lo iba a revelar a escasos días del inicio de las negociaciones con la administración Obama. Vea pues.