Terminó la legislatura y varios de los senadores y Representantes ya consideran que “salvo uno que otro proyecto” coyuntural, ya se le pasó el tiempo al presidente Santos para que se concretara ese perfil de “gran reformador” con que asumió el poder en 2010. Para varios congresistas experimentados, el próximo periodo del Congreso va a estar centrado en los temas de la implementación legal y constitucional de un eventual acuerdo de paz, a través del llamado “procedimiento legislativo especial” así como de la reforma tributaria estructural. “…Ya un gobierno reelecto que lleva seis años en el poder, está ad portas de un plebiscito por la paz, tiene una campaña presidencial tempranera y una coalición parlamentaria con crecientes fisuras, tiene poco margen para impulsar grandes reformas”, dijo un senador conservador a un periodista de EL NUEVO SIGLO.
Que hable De la Calle
En el uribismo crecen las voces que consideran que debe exigírsele al hoy jefe negociador gubernamental en La Habana, el vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, que aclare al país si tiene pensado ser candidato presidencial para 2018. Incluso, según lo explicó un parlamentario del Centro Democrático a un periodista de este Diario, es necesario “ir estableciendo” qué clase de contrato tiene De la Calle con el Estado y su “naturaleza jurídica”, ya que la ley es muy clara sobre cuándo deben renunciar los funcionarios y servidores públicos, o quienes manejen u ordenen recursos públicos, para no inhabilitarse electoralmente. Como se sabe, tanto en La U como en los liberales se contempla la posibilidad de que el jefe negociador pueda ser candidato a la sucesión de Santos.
Caso Pretelt (I)
En los pasillos del Palacio de Justicia se asegura que ya está visto que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt estará en todo el proceso de definición de la exequibilidad de la ley aprobatoria del plebiscito por la paz, ya que terminada la legislatura ayer, sólo el 20 de julio el Senado retomará la investigación que una comisión de instrucción parlamentaria adelanta en su contra y que debe definir si hay lugar a acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que implicaría desaforarlo y separarlo del cargo en la Corte Constitucional. Según lo dijo el saliente presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, en entrevista dominical con EL NUEVO SIGLO, se pactó con su posible sucesor en esa corporación legislativa, Mauricio Lizcano, que el 20 de julio se presentará el informe de acusación y apenas unos pocos días después la plenaria definiría la suerte del jurista, que es investigado por un posible caso de tráfico de influencias en la selección de una acción de tutela en el alto tribunal.
Caso Pretelt (II)
Meses atrás se afirmaba que desde la coalición gubernamental había, presuntamente, afán de que el proceso de desafuero de Pretelt se acelerara con el fin de que el magistrado fuera separado del cargo lo más pronto posible y de esta forma no hiciera parte del análisis de exequibilidad de la ley de convocatoria del plebiscito por la paz. Presentada la ya ponencia positiva por parte del magistrado Luis Ernesto Vargas, se estima que en las próximas semanas el pleno de la Corte Constitucional estudiará el caso y dará su fallo definitivo, pero todo ello antes de que en el Senado se defina la suerte del jurista cuestionado.
Terminó la legislatura y varios de los senadores y Representantes ya consideran que “salvo uno que otro proyecto” coyuntural, ya se le pasó el tiempo al presidente Santos para que se concretara ese perfil de “gran reformador” con que asumió el poder en 2010. Para varios congresistas experimentados, el próximo periodo del Congreso va a estar centrado en los temas de la implementación legal y constitucional de un eventual acuerdo de paz, a través del llamado “procedimiento legislativo especial” así como de la reforma tributaria estructural. “…Ya un gobierno reelecto que lleva seis años en el poder, está ad portas de un plebiscito por la paz, tiene una campaña presidencial tempranera y una coalición parlamentaria con crecientes fisuras, tiene poco margen para impulsar grandes reformas”, dijo un senador conservador a un periodista de EL NUEVO SIGLO.
Que hable De la Calle
En el uribismo crecen las voces que consideran que debe exigírsele al hoy jefe negociador gubernamental en La Habana, el vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, que aclare al país si tiene pensado ser candidato presidencial para 2018. Incluso, según lo explicó un parlamentario del Centro Democrático a un periodista de este Diario, es necesario “ir estableciendo” qué clase de contrato tiene De la Calle con el Estado y su “naturaleza jurídica”, ya que la ley es muy clara sobre cuándo deben renunciar los funcionarios y servidores públicos, o quienes manejen u ordenen recursos públicos, para no inhabilitarse electoralmente. Como se sabe, tanto en La U como en los liberales se contempla la posibilidad de que el jefe negociador pueda ser candidato a la sucesión de Santos.
Caso Pretelt (I)
En los pasillos del Palacio de Justicia se asegura que ya está visto que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt estará en todo el proceso de definición de la exequibilidad de la ley aprobatoria del plebiscito por la paz, ya que terminada la legislatura ayer, sólo el 20 de julio el Senado retomará la investigación que una comisión de instrucción parlamentaria adelanta en su contra y que debe definir si hay lugar a acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que implicaría desaforarlo y separarlo del cargo en la Corte Constitucional. Según lo dijo el saliente presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, en entrevista dominical con EL NUEVO SIGLO, se pactó con su posible sucesor en esa corporación legislativa, Mauricio Lizcano, que el 20 de julio se presentará el informe de acusación y apenas unos pocos días después la plenaria definiría la suerte del jurista, que es investigado por un posible caso de tráfico de influencias en la selección de una acción de tutela en el alto tribunal.
Caso Pretelt (II)
Meses atrás se afirmaba que desde la coalición gubernamental había, presuntamente, afán de que el proceso de desafuero de Pretelt se acelerara con el fin de que el magistrado fuera separado del cargo lo más pronto posible y de esta forma no hiciera parte del análisis de exequibilidad de la ley de convocatoria del plebiscito por la paz. Presentada la ya ponencia positiva por parte del magistrado Luis Ernesto Vargas, se estima que en las próximas semanas el pleno de la Corte Constitucional estudiará el caso y dará su fallo definitivo, pero todo ello antes de que en el Senado se defina la suerte del jurista cuestionado.