Las polémicas alrededor del proyecto que aumenta el castigo penal y administrativo a los conductores ebrios no paran. Uno de los senadores le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “tengo conceptos de expertos penalistas que sostienen que hay aspectos de técnica jurídica, proporcionalidad pena-delito e incluso de infraestructura en Fiscalía y deficiencia en materia de cupos en prisiones que no se pueden desconocer y que el Congreso sería muy irresponsable al desconocer esa situación y aprobar un proyecto sólo porque lo presiona la opinión pública”.

Críticas a la vista

El mismo parlamentario sostuvo que el proyecto “seguramente” será aprobado pero que en menos de tres meses “le aseguro que todas las miradas críticas y vaciadas de los medios, los columnistas y la opinión pública se volcarán sobre el Congreso… ¿Aquí estuvieron las autoridades judiciales y de Policía diciendo claramente que no tenían personal, recursos ni infraestructura para poder procesar la gran cantidad de conductores borrachos… En un fin de semana muchas veces se imponen en Colombia mil comparendos por embriaguez. Le pregunto periodista ¿Tiene Bogotá cómo llevar 400 o 500 conductores a estaciones de Policía que hoy están atestadas de sindicados por delitos menores mientras se define su situación jurídica?...”

¿Reporte de aseguradoras?

Una de las propuestas que casi llega al debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara establecía que en el campo preventivo podría servir para acabar con los accidentes de tránsito protagonizados por los borrachos al volante, que las aseguradoras les dieran a las autoridades un reporte de aquellos titulares de pólizas de amparo automotor que piden de manera constante los llamados “conductores elegidos”, al considerar que no pueden manejar debido a que ingirieron alcohol. La idea, sin embargo, no llegó a plantearse pues, de acuerdo con un asesor de un senador, podría afectar la campaña de los “conductores elegidos”, pues los asegurados evitarían llamarlos para no ser reportados por las aseguradoras a las autoridades.

Sí y sí (I)

Tuvo eco la respuesta del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, a la Procuraduría en torno de que el presidente Santos no puede hacer reuniones de tipo proselitista en la Casa de Nariño. Un exmagistrado de la Corte Constitucional le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que no entiende la polémica pues es de “sumo básico” que en la Casa de Nariño hay dos casas, y que la propia jurisprudencia de ese máximo tribunal permite establecer que ambas partes (Gobierno y Procuraduría) tienen la razón.

Sí y sí (I)

“… Una es la sede de gobierno, en donde quedan los despachos del Jefe de Estado y el resto de las dependencias de la Presidencia, en donde tiene la razón la Procuraduría no es dable hacer actividades proselitistas al Presidente-candidato… Y otra es la casa privada del Jefe de Estado, en donde, en su esfera íntima y personal, la persona del Presidente puede reunirse con quien quiera, a hablar del tema que quiera, invitando a quien quiera y con las medidas de seguridad propias de un Jefe de Estado… Ahí tiene la razón el ministro…”, precisó el exmagistrado.