Como varios candidatos presidenciales coinciden en proponer la creación de un Ministerio de la Mujer, algunos parlamentarios consideran que no hay que esperar hasta que asuman los próximos gobierno y Congreso, sino que se podría aprovechar lo que resta de la última legislatura del mandato Santos, entre mediados de marzo y junio, para avanzar en esa dirección. Dado que se trata de modificar la estructura del Estado y habría un impacto presupuestal a tasar, la iniciativa tendría que venir de la propia Casa de Nariño y contar con el apoyo multipartidista. “… Podemos avanzar en el trámite de la ley respectiva o incluso de un proyecto de facultades especiales al Presidente, para que cuando asuma el nuevo Jefe de Estado ya tenga la herramienta para crear el ministerio”, precisó un parlamentario santista.

La constituyente judicial 

Varias campañas presidenciales le han ‘echado el ojo’ al proyecto de acto legislativo que fue aprobado a comienzos de diciembre en la Comisión I del Senado, proponiendo la citación de una Asamblea Nacional Constituyente que se limitaría única y exclusivamente a temas de la reforma a la justicia. La iniciativa, que tuvo como ponente a su autora, la entonces senadora Viviane Morales (quien ya renunció a la curul y es candidata presidencial), fue aprobada por 12 votos a favor y ninguno en contra en la Comisión  I, evidenciando un alto apoyo pluripartidista. El proyecto debe ser abordado después de mediados de marzo por la plenaria del Senado y se sabe que más de un parlamentario de la cámara alta quiere apadrinarlo porque considera que se podría convertir en una herramienta clave para el próximo gobierno.

Lo que propone el proyecto

Según la ponencia aprobada en primer debate, la asamblea constituyente deliberaría apenas por un periodo de 3 meses y estaría conformada por 30 delegatarios. El 70 por ciento de ellos serían postulados por los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos, en tanto que el 30 por ciento restante candidatizados por las universidades con facultades de Derecho con alta acreditación. De igual manera se estableció que quienes se postulen como delegatarios y resulten elegidos, tendrán las mismas facultades e inhabilidades de los congresistas.  Es claro, en todo caso, que si la iniciativa llegara a ser aprobada, le tocaría implementarla al sucesor de Santos.

Dos reformas fracasadas

Como se sabe, este Gobierno falló en la posibilidad de hacer aprobar en el Congreso una reforma a la justicia. Los dos intentos en esa dirección fracasaron estrepitosamente. El primero se dio a mediados de 2012, cuando el Gobierno tuvo que objetar una reforma aprobada por el Congreso debido a que en la diligencia de conciliación se le introdujeron una gran cantidad de ‘micos’. Luego, en 2015, se aprobó la llamada reforma al “equilibrio de poderes”, pero gran parte de sus componentes de ajuste a la estructura de la rama judicial fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sucesivos fallos, quedando reducida a su mínima expresión.

Pacto de Pasto, en papel

El último intento de reforma a la administración de justicia se dio el año pasado, cuando tras escándalos tan graves como el del llamado “cartel de la toga”, el Gobierno, el Congreso, los jefes de los entes de control y los presidentes de las altas cortes se reunieron en Pasto para firmar un pacto referido a avanzar una depuración y reingeniería a toda la rama. Sin embargo, desde entonces poco se ha avanzado en los borradores que cada uno de los firmantes debía presentar sobre el posible contenido y alcance de la reforma. Incluso, ya tanto en varios de los máximos tribunales como en los entes de control y hasta en el saliente Congreso se considera que ese pacto de Pasto se quedó en el papel y que la tarea le quedó a los próximos Legislativo y Ejecutivo que serán elegidos este primer semestre. Es allí en donde el acto legislativo sobre una constituyente limitada al tema de la justicia comienza a ser cada día más atractivo para varias campañas presidenciales.