¿Y las familias?

Una duda de fondo planteó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, la semana pasada en el Congreso, durante el debate en la Cámara de Representantes sobre abuso sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes. “En política criminal debemos analizar qué sucede con la violencia y el abuso a los niños, niñas y adolescentes. Y me pregunto: ¿Se ha incrementado la violencia hacia la infancia? ¿O se está visibilizando la problemática y la acción de la justicia?”, explicó la titular de la cartera judicial. Recordó Cabello que “la mayoría de agresiones contra los niños, niñas y adolescentes, provienen de integrantes de su misma familia” y que, por lo mismo, “hay que determinar qué está pasando con los valores que se deben transmitir, de lo que debe ser una familia”. Las declaraciones de Cabello se dieron en la misma semana en que casi se hunde el proyecto que busca establecer la cadena perpetua para violadores, asesinos y otros autores de delitos atroces contra los menores de edad.

Sacando pecho…

Frente a este delicado asunto, el Gobierno destacó días atrás que Colombia logró certificación en la lucha contra sitios web asociados al material de abuso sexual infantil. Según el Ministerio de las TIC, la organización inglesa Internet Watch Foundation (IWF) certificó una reducción del 99,7% en los dominios .co que estaban asociados a este tipo de material. De acuerdo con ese ente, al cierre de 2018 había cerca de 9.339 dominios relacionados con material de abuso sexual infantil en Colombia, cifra que para julio del presente año se disminuyó en un 99,7%, luego de analizar 12,2 millones de páginas web. También se recalcó que ninguno de los sitios identificados contaba con hosting o está alojado en Colombia. De igual forma, se indicó que en lo corrido de este año, el Centro Cibernético Policial solicitó y realizó el bloqueo de 3.378 direcciones URL con este tipo material a nivel mundial, para que no puedan ser visualizadas dentro de nuestro país.

Bogotá, ‘pariente rico’

A propósito de un informe que publicó EL NUEVO SIGLO la semana pasada, en torno a que varios representantes a la Cámara elegidos por Bogotá reclamaron que la ciudad sea tratada con más equidad en el marco de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que está en proceso de redacción y consenso, un veterano exparlamentario capitalino le recordó a un periodista de este Diario que era “más que válida” esa solicitud de giro de mayores recursos del Gobierno Nacional Central a la capital del país por cuestión de situado fiscal y con destino a la financiación de los sectores de educación  y salud preferentemente. “…Sin embargo, a Bogotá le pasa lo que ocurre cuando se reparte la herencia de un recién fallecido: los parientes más pobres dicen que el más rico no necesita, que tiene plata y que, entonces, la prioridad deben ser los más necesitados… Igual ocurre con Bogotá, con la diferencia de que si bien tiene más recursos que muchos departamentos y capitales, también tiene mayores obligaciones, pero eso nunca se reconoce”, precisó.

¿Y los militares venezolanos?

Parlamentarios de la oposición preparan un debate en torno a qué ha pasado con los militares y demás integrantes de las fuerzas de seguridad de Venezuela que desertaron en los últimos meses e ingresaron a Colombia pidiendo refugio. “…Necesitamos establecer en qué estatus están esos uniformados, cuyo tratamiento es distinto al que se ofrece a los civiles… También se requiere de las autoridades colombianas que se aclare si se investigaron las versiones que señalaban que algunos de sus militares que desertaron de Venezuela podrían ser espías del gobierno Maduro que se infiltraron entre los desertores para identificarlos y que el régimen tomará represalias contra sus familias en Venezuela… Pero también debe establecerse los antecedentes de esos integrantes de las fuerzas chavistas en torno a si no están involucrados en violaciones de los derechos humanos en su país, que ante la inminencia de la caída de Maduro al comienzo de año, desertaron para esquivar cualquier acusación o juicio en su territorio si la oposición se tomaba el poder”, precisó una alta fuente parlamentaria, que pidió la reserva de su nombre.