Un año y nada…

Un atinado empresario del sector de la infraestructura traía a colación esta semana la siguiente pregunta: ¿Qué pasó con la propuesta de la Vicepresidencia de la República y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que piden inhabilidad al grupo Odebrecht por 20 años? Y es que en noviembre del año pasado ambas instancias solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer a las sociedades que integran el cuestionado consorcio constructor brasileño, especialmente la inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado colombiano. Justificaron dicha petición en los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia para quedarse con billonarios contratos públicos. “.... Recientemente en el Congreso varios voceros gubernamentales volvieron a insistir en que Odebrecht todavía puede contratar en Colombia y que sigue presente en varias concesiones, más allá del contrato que le quitaron en la Ruta del Sol II y del laudo arbitral que dejó sin piso la reclamación millonaria, lo cierto es que Odebrecht sigue habilitada legalmente… Es más, semanas atrás quedó en claro que podía hasta pujar por el Metro de Bogotá pero al final no hizo parte de ninguno de los cinco consorcios”, precisó el empresario, que pidió la reserva de su nombre.

Lo que pidieron

Según la Vicepresidencia y la Agencia Nacional, en el pronunciamiento de noviembre del año pasado, la “sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública. Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo cual la Vicepresidencia y la ANDJE solicitan a la Superintendencia a que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht”.

Procurador saca pecho

Lo cierto es que hasta el momento ha sido la Procuraduría la que ha ido más lejos en las sanciones a nivel nacional en Colombia contra la cuestionada multinacional. Días atrás el propio procurador general, Fernando Carrillo, aseguraba que las sanciones económicas más importantes que se han impuesto en América Latina contra la compañía brasilera y sus socios colombianos las ordenó la justicia colombiana por acciones del Ministerio Público. Recordó que las sanciones económicas a Odebrecht suman $5,5 billones, “que de alguna manera evitamos salieran de las arcas públicas”, entre ellas, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó una indemnización a la Nación por $800.000 millones, al acoger la acción popular presentada por el órgano de control. Así mismo, resaltó la decisión del Tribunal de Arbitramento de Ruta del Sol II que acogió los argumentos de la Procuraduría, declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión No. 001 de 2010 y sus otrosíes, y desestimó las pretensiones económicas de Odebrecht que superaban las $3,5 billones. Carrillo también trajo a colación su oposición a la posibilidad de que el Gobierno nacional asumiera las deudas por $1,2 billones que la Concesionaria Ruta del Sol tenía con los bancos, sin esperar las decisiones judiciales que estaban en trámite.

Parte de la Fiscalía

En cuanto a la Fiscalía, el último parte de esa entidad sobre el caso Odebrecht, en julio pasado, daba cuenta de 93 personas y actuaciones procesales al respecto. Había para esa fecha 20 presas, 39 en indagación, tres en la fase de imputación, ocho acusadas, 11 con compulsas de copias, 11 condenadas, siete preclusiones, nueve con archivo y cinco en juicio. También se indicó que, a julio, la Fiscalía había logrado acuerdos de pago con varios de los implicados por cerca de $24.000 millones. De esa suma, el pasado 17 de enero ingresaron más de $6.000 millones correspondientes a los 6,5 millones de dólares pagados por la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.