Contrapunteo por descentralización

¿Ubicar en las regiones las sedes de los principales ministerios es un paso crucial para la descentralización en Colombia? Esa es la pregunta que está sobre la mesa ante las propuestas de un parlamentario en torno a que las carteras, agencias nacionales e institutos descentralizados ya no tengan sede en Bogotá sino en otras capitales departamentales. Por ejemplo, la de Deporte iría a Cali, el ministerio de Transporte a Barranquilla o el de las TIC a Medellín… Quienes defienden esta idea sostienen aplicar ese cambio sería un paso más para combatir la excesiva centralización administrativa que existe en Colombia. Por el contrario, los críticos aducen que se trata de propuestas con un corte populista que lejos de agilizar la gestión de las entidades del orden nacional, la complicaría de forma sustancial, al tiempo que dejaría las carteras en manos de la politiquería regional.

Bogotá, en el centro

Por ejemplo, un parlamentario de la Amazonia llamaba la atención días atrás en torno a que si ya de por sí era muy difícil para un alcalde de esa región venir a Bogotá para gestionar alguna inversión en vías en los departamentos del oriente del país, más complicado le quedaría ir a la Costa Atlántica. Incluso se trajo a colación un estudio de años atrás en donde se comparaba la ubicación geográfica de las capitales de varios países. Allí, por ejemplo, se destacaba cómo Bogotá estaba en el centro de la nación, muy distinto a otros países en donde las capitales estaban en las franjas más cercanas a las zonas marítimas o fluviales. Lo cierto es que no es la primera vez que se plantea que Bogotá no sea la capital político-administrativa del país. Incluso en el Congreso se han presentado proyectos de reforma constitucional en ese sentido que nunca prosperaron.

Avances reales

Lo cierto es que entre los críticos muchos traen a colación que no es por la vía de trasladar las sedes de los ministerios e institutos como se profundiza la descentralización administrativa. Es más, algunos parlamentarios recordaban por estos días que un paso definitivo y real en ese objetivo ya se dio el año pasado luego de que el Congreso aprobara la llamada “Ley de Regiones” que fue sancionada por el presidente Iván Duque en julio pasado. A ello se sumó, ya al final del segundo semestre la aprobación en el Parlamento de la reforma constitucional al Sistema Nacional de Regalías, cuya mayor virtud fue la de aumentar los giros presupuestales por este concepto a los departamentos y municipios productores de recursos naturales no renovables. Y, por último, ya está en estudio una reforma al Sistema General de Participaciones, que establece los porcentajes y montos que el Gobierno Nacional Central debe girar a los departamentos y municipios para financiar la inversión en salud, educación y otros rubros clave.

De la RAP a la RET

Es más, en la Ley de Regiones, como se recuerda, se autorizó la creación de la figura de Región Administrativa y de Planificación (RAP), que es una especie de liga o alianza establecida entre departamentos para conseguir objetivos de desarrollo común: explotar racionalmente sus recursos naturales compartidos, generar proyectos de desarrollo en áreas específicas y establecer, entre otras opciones, negocios a partir de la construcción de infraestructura en común. Incluso la Ley 1962 del 28 de junio de 2019 no solo  fortalecer la RAP, sino que establece las condiciones y el procedimiento para su conversión en Región Entidad Territorial (RET), así como reglamentar su funcionamiento y regular las relaciones entre estas y las otras entidades territoriales existentes.