Por los 145 mil estudiantes fantasma, es decir, que estaban matriculados pero que realmente no existían, deberán responder ante la Procuraduría los rectores de los colegios, los secretarios de educación, las alcaldes y gobernadores de las zonas donde se encontraron estas anomalías.

“Son responsables el rector de cada institución educativa, el secretario de Educación y por supuesto, en última instancia, el responsable de la entidad territorial, que son: el alcalde del municipio o el gobernador del departamento donde se encontraron estos niños fantasma”, señaló la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Ante la Contraloría, estos funcionarios deberán responder por un posible detrimento patrimonial de 265 mil millones de pesos, en donde se encuentran dobles pagos de matrículas, pago por niños que desertaron y hasta pago de los costos educativos de 262 estudiantes fallecidos.

Las entidades territoriales con mayor número de escolares fantasma, según la Contraloría, son Santa Marta (48.126), Buenaventura (23.691), Ciénaga (16.897), Cali (10.410), Turbo (7.869), Chocó (6.086), Norte de Santander (5.196), Cartagena (4.487) y Sucre (3.458).

Los resultados de esos procesos fueron hechos llegar a la Contraloría y a la Procuraduría para que iniciaran los procesos correspondientes, y mientras tanto, el Ministerio de Educación continuaba con otros dos procesos que estaban apoyados con la Contraloría para culminar el “conteo de niños hasta el último rincón del país”, como la manifestó Campo.