Cuando se anunció el 9 de diciembre pasado el fallo, en primera instancia, de destitución de Petro, las Farc -pese a sus conocidas diferencias con el alcalde bogotano- terciaron  en el debate, no sólo al asociar el caso del mandatario capitalino con el de la exsenadora Piedad Córdoba (también destituida por el procurador Ordóñez), sino para reiterar que no había garantías para quienes dejaban las armas y entraban a la política.

“Es mal precedente para la paz de Colombia que con el látigo de la inquisición se persiga, por un lado a una mujer que abiertamente está entregada a la reconciliación nacional, y por otro lado, se busque el derrumbe de una alcaldía, que no solamente fue elegida democráticamente, sino que el establecimiento ha mostrado como ejemplo de que sí es posible hacer política sin armas”, dijeron las Farc, e incluso le pidieron al Presidente no hacerle caso al fallo de la Procuraduría y se fueron lanza en ristre contra el procurador Ordóñez, la “derecha” y la “oligarquía”.

El Gobierno esquivó el debate puntual y negó cualquier afectación en el proceso de paz. A su vez, varios partidos, como el Conservador, salieron a cerrar filas en torno al Procurador, señalando que las Farc debían demostrar voluntad de paz en vez de estar criticando las decisiones de las autoridades judiciales de nuestro país.

¿Qué puede pasar ahora que se confirmó el fallo contra Petro? Puede que las Farc vuelvan a expedir otro comunicado criticando la decisión, al Procurador, hablando de presuntos complot de la derecha contra la reinserción de los subversivos y los procesos de paz, pero, tal como ocurrió en diciembre pasado, el tema pasará rápidamente a un segundo plano, puesto que la guerrilla y el Gobierno están más enfocados en lo que se discute en la Mesa de Negociación, sobre todo ahora que el tema de la lucha contra el narcotráfico prima en las discusiones.