La solicitud de suspensión preventiva por parte de la Contraloría es inconstitucional y desproporcionada, consideró el gobernador de Sucre, Julio César Guerra. Desde el 18 de diciembre, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad por un contrato de adquisición de libros, considerando que hubo detrimento contra el erario por un valor de 829 millones de pesos. A escasos 15 días de la apertura solicitó la suspensión preventiva de Guerra.

“El hecho de consignar el presunto daño fiscal no significa que se ha incurrido en el mismo. Tiene prioridad el derecho fundamental de haber sido elegido por el pueblo, como consecuencia de lo anterior seguiré en el ejercicio pleno de mis funciones como gobernador de todos los sucreños”, aclaró Guerra.