Se abre paso en el Congreso de la República un proyecto  de ley orientado a establecer las vacaciones individuales en la rama de la justicia, lo que pondría fin a la vacancia judicial que viene operando a desde la tercera semana de diciembre hasta enero siguiente durante 20 días, lo que paraliza buena parte del sector durante este periodo.

La iniciativa ya había sido radicada el 26 de mayo de 2012 por parte del senador Carlos Enrique Soto (Partido de La U), sin embargo poco después fue archivada. El Parlamentario insistió en presentarla el 27 de julio de 2012 logrando que fuera aprobada por la Comisión Séptima del Senado. En la actualidad dicho proyecto (024/12 Senado) cuenta con ponencia positiva para segundo debate en la plenaria del Senado.

Precisamente estaba agendado en el orden del día del pasado martes, sin embargo, no alcanzó a ser abordado, por lo que se espera que sí lo sea en la plenaria del Senado el próximo martes.

Ya en 2010 por falta de trámite se hundió un proyecto de autoría del senador Juan Carlos Vélez, el cual proponía que para todos los efectos legales, los días de vacancia judicial serían los domingos, festivos cívicos o religiosos que determine la ley y los de la Semana Santa.

El objetivo del proyecto del senador Soto es garantizar la eficiencia en el acceso permanente de los colombianos a la administración de justicia, como función pública estatal de naturaleza esencial, mediante la regulación del disfrute efectivo de vacaciones individuales para todos los funcionarios y empleados públicos de la rama judicial.

La iniciativa parte de reconocer que la justicia en Colombia requiere mayores recursos para su operación, “pero también necesita mejores prácticas administrativas, de modelos de gestión, y especialmente de tecnologías de la información para un mejor funcionamiento y como también de una mejor estructura legal de los procedimientos”.

La más reciente vacancia judicial tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 2013 y el 6 de enero del presente año, lapso durante el cual por lo menos el 70 por ciento de los trabajadores judiciales salieron a vacaciones, en lo que corresponde a los juzgados administrativos, laborales, los civiles municipales y del circuito, los Tribunales Superiores y Administrativos, los Consejos Seccionales y de la Judicatura, en sus salas disciplinarias, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

  Mientras que durante este período siguieron prestando su servicio la parte administrativa, los juzgados penales municipales y del circuito especializado, los de ejecución de penas, de control de garantías, los de menores, los promiscuos de familia, y de responsabilidad penal para adolescentes.

En desacuerdo

Establecer vacaciones individuales en la rama judicial generaría más costos y en este momento iría en contravía del proceso de reestructuración que vive la Fiscalía General de la Nación, indicó Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal (Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial).

Explicó que “va a causar precisamente un traumatismo mayor a la administración de justicia, sobre todo en el área penal. Se acaba de aprobar por parte del Gobierno nacional el Decreto 021 de este año, que establece las vacaciones colectivas para la Fiscalía, y ahora entonces la rama judicial, que las tiene colectivas, va en contravía de este Decreto a ponerlas individuales. Eso entonces generará una mayor dificultad de acceso a la administración de justicia y una mayor dificultad para continuar con las investigaciones y los procesos que lleguen a los jueces, y no entendemos la posición en este momento de quienes pretenden volver esta vacaciones individuales y modificar así todo el sistema”.

El directivo consideró que las vacaciones colectivas que hoy existen en algunas de las especialidades de la rama judicial no afectan sustancialmente la administración de justicia y además no causan los costos que las vacaciones individuales producirían precisamente con este proyecto.