La pérdida de biodiversidad sin precedentes, la contaminación, el cambio climático y el aumento de las enfermedades zoonóticas han puesto de manifiesto la relación simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza. El derecho de las personas a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, así como otros, solo pueden alcanzarse allí donde la biodiversidad prospere y los ecosistemas sean saludables.
Las obligaciones estatales vinculadas tanto a los derechos humanos como a la biodiversidad provienen de leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). De acuerdo con estos compromisos y las responsabilidades que engloban, los Estados están obligados a cumplir con seis aspectos clave.
1. Abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat, y prevenir sus impactos negativos sobre los derechos humanos.
Debido al impacto negativo en los derechos humanos de la pérdida de biodiversidad y hábitat, y la extinción de especies, los Estados deben tomar medidas urgentes para abordar estos desafíos. Esto incluye poner fin a la deforestación, proteger y conservar tierras y océanos, avanzar hacia patrones sostenibles de producción y consumo, combatir el cambio climático y la contaminación, prevenir la introducción de especies exóticas invasoras, y proteger la tenencia de la tierra y el uso de recursos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y las niñas.
2. Garantizar la igualdad y la no discriminación.
Debido a que afecta a algunos de manera más aguda que a otros, la pérdida de biodiversidad puede aumentar las desigualdades que ya existen entre individuos, grupos e incluso generaciones, ya que las generaciones futuras heredarán los resultados irreversibles de la degradación ambiental. Por lo tanto, las acciones para abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat deben considerar la edad, el género y vulnerabilidades como la pobreza, la discapacidad o la marginación, y no exacerbar las disparidades existentes.
3. Proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas se ven muy afectados por la pérdida de biodiversidad y se encuentran entre los actores mejor posicionados para prevenirla. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de estos pueblos a conservar y proteger sus tierras, territorios y recursos. Esto significa que las acciones de conservación con potencial impacto sobre los derechos humanos deben tomarse en consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado, y deben apoyar su participación en la gestión y apropiación de los esfuerzos correspondientes.
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4. Proteger a los defensores de los derechos ambientales.
Aquellos que protegen la biodiversidad, los hábitats, los medios de vida que dependen de la naturaleza y los derechos humanos han sido objeto de amenazas, violencia, criminalización y represalias, particularmente las mujeres y niñas y los indígenas. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos requieren que los Estados respeten, protejan y cumplan los derechos de los defensores ambientales a la participación, el acceso a la información y a las libertades de expresión, reunión y asociación. Los Estados también están obligados a tomar medidas contra las amenazas a la vida o el bienestar de los defensores ambientales, brindar acceso a la justicia y reparación efectiva cuando se violen sus derechos y realizar investigaciones oportunas en las cuales los responsables de actos de violencia e intimidación sean procesados.
5. Garantizar la equidad en las medidas para abordar la pérdida de biodiversidad y en el uso de los beneficios de la biodiversidad.
Estas acciones deben tener en cuenta las necesidades de los niños, los jóvenes y las generaciones futuras, quienes no son responsables de la pérdida de biodiversidad y hábitat y sin embargo deben vivir con las consecuencias. El CDB y el Protocolo de Nagoya enfatizan que los beneficios de la biodiversidad deben compartirse de manera equitativa, transparente y responsable. Eso tiene en cuenta la igualdad de derechos y las diferentes necesidades de los pueblos indígenas, las comunidades locales y todas las personas, independientemente de su género.
6. Asegurar una participación significativa e informada, incluso en la gobernanza de la tierra y los recursos.
El derecho a la participación libre, activa, significativa e informada en los asuntos públicos está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo y otros instrumentos internacionales, acuerdos ambientales multilaterales, y leyes y políticas nacionales. Esto significa que los Estados deben proporcionar información pública sobre la biodiversidad en un lenguaje y formato accesibles; prever y facilitar la participación pública, teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los pueblos indígenas, las comunidades locales, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situación de marginación; y llevar a cabo de manera transparente y responsable toda la formulación de las políticas relacionada.