Fue radicado por el Gobierno nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministro de Vivienda, ante el Congreso el proyecto de ley que aprueba el protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres y que busca mantener la calidad de las aguas para la salud de los ecosistemas y la biodiversidad marina, así como para el desarrollo de las actividades productivas y económicas, principalmente de las poblaciones costeras.
“Una buena calidad del recurso hídrico contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza”, explicó Murillo al referirse al convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del gran Caribe del que hace parte Colombia y que impulsa esta medida.
La contaminación de estos ambientes es una problemática global que trasciende las fronteras de países y continentes y que afecta particularmente a la Región del Gran Caribe, debido a los impactos de las construcciones costeras, los métodos de pesca destructiva, la minería, la explotación de petróleo y gas natural, a lo que se suman las fuentes terrestres de contaminación tales como las descargas industriales y de aguas residuales, los agroquímicos y las escorrentías, entre otras.
“El impacto de la contaminación sobre los ecosistemas marinos es más evidente a lo largo de la zona costera, en donde se puede establecer un vínculo directo con las actividades humanas que ocurren en estas áreas. A esto se suma un problema más complejo que es el de las fuentes terrestres de contaminación que pueden estar ubicadas a distancias considerables del mar”, explicó Andrea Ramírez Martínez, directora de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente.
Con esta medida se contribuye al “Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres” que fue adoptado en 1999 y que entró en vigor el 13 de agosto de 2010.
Este protocolo tiene como objetivo proteger el medio ambiente marino y la salud humana de las actividades terrestres puntuales y no puntuales que lo contaminan.
“Es el primer acuerdo ambiental regional donde se establecen límites de efluentes y otras obligaciones específicas para fuentes listadas de contaminación, a la vez que se establecen calendarios para su cumplimiento por las partes de manera progresiva”, explicó Ramírez.
En el marco de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, el Invemar ha realizado estudios que han identificado las principales fuentes terrestres que alteran la calidad de las corrientes de agua continentales y costeras de Colombia.
“Algunas de estas actividades que se realizan al interior del continente, impactan la zona costera. Estos residuos son fuente importante de materia orgánica, detergentes, sólidos, nutrientes inorgánicos y microorganismos de origen fecal que disminuyen la disponibilidad de oxígeno, afectando la calidad del agua costera”, detalló Ramírez.
La ratificación y posterior implementación de este protocolo por parte de Colombia favorecerá el desarrollo sustentable en beneficio de los recursos marinos y costeros de la región, hacer parte de este instrumento internacional favorecerá una mayor integración y efectividad en el manejo de los recursos naturales en pro del desarrollo económico, especialmente en las áreas de turismo y pesca. Igualmente contribuiría al fortalecimiento de la capacidad legal e institucional del Gobierno Nacional, a la vez que abriría las puertas a un mejor acceso a fondos y recursos de cooperación internacional.