La recuperación de 5.894 hectáreas es uno de los resultados de la Operación Artemisa, ofensiva ambiental en los parques nacionales naturales de Chiribiquete, Tinigüa, Picachos y La Paya, en operaciones en las que se han invertido $3.250.030.112.
La información está contenida en un oficio de Andrés Orlando Peña, director de Políticas y Consolidación de la Seguridad, del Ministerio de Defensa, con el que le responde al procurador delegado para asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Fernando Trujillo.
Al indagar con varias dependencias del Gobierno sobre la puesta en marcha del Consejo de Lucha Contra la Deforestación y otros delitos ambientales (Conaldef), Peña reseña en lo de su competencia que, entre otras medidas, el “Gobierno nacional ha liderado la Campaña Artemisa la cual se ha constituido en una gran ofensiva por la protección del patrimonio ambiental, cuyo esfuerzo principal lo han liderado las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, específicamente, en los parques nacionales naturales del país. El objetivo primordial de la Campaña Militar y Policial Artemisa consiste en brindar apoyo a las autoridades ambientales y administrativas, con el fin de preservar y defender el agua, la biodiversidad y medio ambiente en las áreas de reserva forestal, áreas protegidas y 59 parques nacionales naturales, como activos estratégicos primordiales y prevalentes de la Nación, de acuerdo con las atribuciones legales y capacidades de las unidades, para contrarrestar los delitos ambientales en el ámbito regional y local”.
Peña da cuenta de cinco fases de la Operación Artemisa. La primera, se ocupó del sector del Parque Nacional Natural Chiribiquete ubicado en San José del Guaviare, donde se recuperaron 543 hectáreas a un costo operacional de $771.551.773; la segunda, en la parte de Chiribiquete ubicada en Choapal, Guaviare (361 hectáreas recuperadas, $715.941.194); la tercera, en Chiribiquete, sector de San Vicente del Caguán, Caquetá (1.558 hectáreas, $358.154.581); la cuarta, en los parques nacionales naturales Tinigüa y Picachos, en La Macarena, Meta (1.932 hectáreas, $970.953.364); y la quinta, en el Parque Nacional Natural La Paya, Puerto Leguízamo, Putumayo (1.500 hectáreas, $433.429.200).
Estas cinco fases, explicó Peña, se desarrollaron “en apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales Naturales, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con el fin de realizar extinción de derecho de dominio por delitos como daños a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios, ocasionados posiblemente por miembros de los grupos armados organizados residuales (GAO-r) que tienen presencia en estos territorios”.