La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la hoja de ruta que deben seguir las autoridades nacionales y territoriales para retomar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado por la protección del archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.  

En el documento enviado al Ministerio de Ambiente, a Parques Nacionales, entre otra entidades ambientales, la Delegada para Asuntos Ambientales abordó los compromisos adquiridos por las entidades en la reunión del pasado 24 de agosto y fijó plazos para su cumplimiento.  

En la hoja de ruta también se establecieron tareas para otras autoridades que tienen competencia en el archipiélago como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, el Concejo de Cartagena, la empresa Veolia y los consejos comunitarios Orika y San Bernardo.

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En este sentido, MinAmbiente y Parques Naturales deberán presentar en diciembre de 2021 el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan de Manejo del Área Protegida, y con apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y de Cardique tendrán que definir la capacidad de carga de las islas.  

Por su parte, el Distrito de Cartagena deberá adoptar medidas urgentes para que las inspecciones de Policía insulares cuenten con el transporte y recursos adecuados para su funcionamiento; revisar el estado de las 35 denuncias presentadas a la ANT por construcciones ilegales en baldíos y de las 91 solicitudes de restitución de playas y zonas de baja mar radicadas en la Dimar.

Por su parte, la Secretaría del Interior Distrital deberá avanzar en la suscripción de un convenio con Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para construcción de subestación de Policía de Islas del Rosario.

La Procuraduría vigilará el cumplimiento estricto de lo planteado en la hoja de ruta, en la que además se contemplaron con las solicitudes presentados al Ministerio por parte de las comunidades del territorio.