La corte suprema de Brasil empezó a discutir este miércoles la regulación de las redes sociales, en un debate pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de 'fake news' y discursos de odio.
El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, analiza cuatro casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
La discusión comienza justo después de que una investigación policial sobre un presunto plan frustrado de golpe de Estado en 2022, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro, concluyera esta semana que los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y así justificar sus acciones.
El debate en el STF, cuya resolución se espera para 2025, debe definir entre otras cosas si las plataformas pueden recibir sanciones por 'posteos' ilegales de los usuarios.
Un punto clave de la discusión será si las empresas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos de manera espontánea, sin necesidad de intervención judicial.
Aunque se trata de casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general.
"Las plataformas digitales (...) abrieron vías para la desinformación, el odio, las mentiras deliberadas y las teorías conspirativas", dijo a la AFP el juez Luís Roberto Barroso, presidente del STF.
"En todo el mundo democrático se están desarrollando debates para proteger la libertad de expresión sin permitir que el mundo caiga en un abismo de incivilidad. (...) En Europa ya se produjo una regulación que busca ese punto ideal de equilibrio", agregó.
En opinión del magistrado, tanto el Congreso como la justicia brasileña deben actuar "con un mínimo de intervención del Estado sobre la expresión del pensamiento, pero impidiendo el avance de la criminalidad y la incitación a la violencia".
Brasil ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las plataformas en agosto, cuando un juez del STF, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país durante cuarenta días luego de que la empresa ignorara sus órdenes de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro acusadas de desinformación.
Según Moraes, esas cuentas representaban una amenaza a la democracia.