Los comerciantes del país advirtieron la posibilidad de cambios en la contratación de servicios de telefonía celular, luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, publicara el pasado 28 de marzo un proyecto regulatorio que busca establecer nuevas condiciones en la comercialización de equipos terminales móviles en el país.

De acuerdo con la CRC, el proyecto busca aumentar la penetración del servicio del internet móvil en Colombia y el uso de la tecnología 4G, aduciendo que para resolver ese problema, la mejor opción es que los operadores móviles de red (Claro, Tigo y Movistar) aten el servicio de comunicación móvil con ofertas en la venta de celulares.

Hay que tener en cuenta que la entrada en vigencia de la Resolución 4444 de 2014 se puso fin a las ventas que condicionaban la prestación del servicio móvil a la compra de un celular subsidiado por el operador, a cambio de mantener la suscripción por un periodo de 12, 18 o 24 meses, en la mayoría de los casos hasta que se terminara de pagar el valor del equipo.

Afecta al consumidor

Según el presidente de Fenalco, Guillermo Botero Nieto, con el proyecto, aparte del hecho que las ventas atadas están prohibidas en la normativa colombiana, el más afectado sería el consumidor, porque si decide hacer uso de su derecho de cambiar de operador en cualquier momento, se arriesga a que le apliquen una cláusula que lo obligue a pagar en forma acelerada el celular o a que por mora en los pagos del servicio de comunicación móvil el operador le inactive el dispositivo.

Según datos de la Federación Nacional de Comerciantes, con la prohibición de las cláusulas de permanencia mínima gracias a la mencionada Resolución 4444, hubo una mayor oferta en el mercado nacional, las grandes superficies y otros comercializadores alternativos entraron a la competencia y se abrieron opciones de descuento y financiación, con lo cual los mayores beneficiados fueron los usuarios que además pueden escoger entre una variedad de modelos, marcas, especificaciones, diseños y precios, entre otros.

Bajo este panorama, no sólo los comerciantes cuestionan el proyecto, también los mayoristas y los operadores móviles virtuales, dado que en la construcción del proyecto no se tuvo en cuenta a ninguno de estos actores, ni a las asociaciones de consumidores, cuando esta iniciativa tiene un claro impacto en la competencia y en el bienestar de los usuarios.

Ventaja a los operadores

Fenalco le manifestó a la CRC, en un comunicado enviado el pasado dos de abril, su profunda preocupación por la premura en los términos del proyecto y por el hecho que no se atienda la agenda regulatoria previamente publicada.

Es curioso, según palabras de Guillermo Botero, que la CRC se salte los temas establecidos en la agenda regulatoria 2018, para incluir de manera imprevista este proyecto, y que la mayoría de actores de este mercado no esté de acuerdo con el contenido del mismo, lo que podría indicar que la medida surge como consecuencia de una problemática particular planteada por Asomóvil, gremio que representa a los operadores móviles Tigo, Claro y Movistar, respecto de una supuesta desventaja competitiva frente a las grandes superficies y comercializadores alternativos de celulares.

Así las cosas, el comercio y los demás actores manifiestan su profunda extrañeza con la propuesta publicada por la CRC, entidad que históricamente ha propendido por la defensa del usuario y la promoción de la competencia a partir de la plena discusión y socialización de sus proyectos regulatorios, por lo que consideran necesario aclarar de fondo lo que motiva este cambio sustancial en las reglas de juego que la CRC pretende introducir en la regulación sobre la comercialización de celulares en el país en perjuicio de los consumidores.