El respeto de los sitios sagrados de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es la clave del decreto de Línea Negra, subrayó ayer el presidente Juan Manuel Santos tras firmar dicha norma.

La Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, aseveró Santos, “no es una imposición de culto ni credo, ni religión. No vulnera ni desconoce la propiedad privada. Tampoco vulnera los derechos adquiridos, los derechos de terceros, los derechos de las comunidades étnicas. No reglamente, no modifica la consulta previa en la Sierra Nevada, no convierte a las comunidades indígenas en autoridades ambientales”.

“Este decreto lo que hace es respetarle a las comunidades el acceso que deben tener a sus sitios sagrados”, agregó.

Explicó, además, que la suma de todos esos sitios sagrado no supera las 350 hectáreas sobre una superficie total de 1.700.000 hectáreas.

¿Qué es?

El jueves, cuando el saliente ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció la expedición del decreto, explicó que “se redefinen los sitios considerados ancestrales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra” y que se promulga “en cumplimiento de varias disposiciones de la Corte Constitucional”.

Rivera aclaró que la redefinición de los sitios considerados sagrados mantiene los mismos límites definidos ya contenidos en las resoluciones 02 de 1973 y 837 de 1995, y que lo único novedoso es que precisa los “hitos de referencia” y el alcance de los mismos, precisamente como garantía de seguridad jurídica.

El decreto prevé la obligación para los propietarios de los terrenos donde se encuentran los sitios considerados ancestrales, de conservar y proteger los mismos, en garantía del principio ecológico de la propiedad privada que está consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política.

Como garantía de seguridad jurídica, el decreto crea una instancia de seguimiento y protección a la Línea Negra, conformada por gobernadores (Cesar, Guajira y Magdalena), Corporaciones Autónomas Regionales, Gobierno nacional y comunidades indígenas. Asimismo, participa como garante el Ministerio Público (la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo).

Frente a propuestas previas de los pueblos indígenas, el decreto no accede a la mayoría de sus pretensiones, porque no les confiere potestades o atribuciones como autoridad alguna, sólo les reconoce a los indígenas de los cuatro pueblos (Arhuaco-Kogui-Kankwamo-Wiwa) el derecho al acceso a los predios donde están los sitios sagrados para realizar sus pagamentos, como una práctica “mágico-religiosa”.

Protección

Santos había también hablado del tema el viernes, señalando que el propósito es proteger la riqueza ambiental y cultural de un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático y a otros factores sociales.

Explicó que la Sierra Nevada de Santa Marta tiene 1.700.000 hectáreas, de los cuales los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas.

Según un estudio del Centro de Ecología Funcional y Evolutiva, de Francia –publicado por la revista Science– que analizó más de 170.000 lugares, concluyó que la Sierra Nevada de Santa Marta es el lugar con la mayor concentración de mamíferos, aves, peces y anfibios amenazados de la Tierra.

Esto significa que se trata de un ecosistema irremplazable y que si se perdiera sería el lugar más difícil de reemplazar del mundo, lo que significa que “cuidar y proteger la Sierra Nevada de Santa Marta es una obligación de todos los colombianos”, dijo Santos.