Al urgir la transferencia de los recursos recaudados por el impuesto al carbono, el exministro Luis Gilberto Murillo señaló que “nada más ambiental que la inversión en proyectos de desarrollo rural y construcción de paz con criterios de sostenibilidad. Mire usted que en el 75% de la deforestación se concentra en municipios de posconflicto”.

EL NUEVO SIGLO: Hay un debate sobre el impuesto al carbono debido a que estos recursos, que están en Tesorería desde hace 3 años, no se han girado al Fondo Colombia en Paz y al Minambiente. ¿Que opina al respecto?

LUIS GILBERTO MURILLO: Ministerio de Hacienda debe proceder a transferir esos recursos rápidamente.

Mire, Colombia es líder global en la implementación de medidas institucionales y fiscales en el marco de la política de mitigación y adaptación al cambio climático. Estos recursos son centrales para que el país siga en esa posición de liderazgo, pero más allá de eso para que se de respuesta a las urgentes necesidades de inversión del sector ambiental y a la financiación de los proyectos de desarrollo sostenible en el marco de la implementación del acuerdo de paz en los municipios del postconflicto.

ENS: El impuesto al carbono genera mucha polémica, cuéntenos del origen de este gravamen…

LGM: Al cierre del gobierno del hoy expresidente Santos le dimos un impulso determinante al uso de la política fiscal y los instrumentos económicos para el logro de metas ambientales y de desarrollo sostenible. Mejoramos las tasas retributivas ambientales, entre ellas la tasa por uso del agua, que pasó, de una base nacional de $0,89 a $11.

Igualmente, destrabamos y actualizamos la tasa de compensación y de inversión obligatoria ambiental y se estableció la regulación en esquemas de pagos por servicios ambientales, bancos de hábitat y mercados voluntarios para la transacción de créditos de carbono.

Impuesto

ENS: ¿Cómo opera el impuesto al carbono?

LGM: Este es un impuesto muy importante y novedoso. De aproximadamente 200 países, solo cerca de 50, es decir cerca de un 25%, lo han implementado en diferentes modalidades de acuerdo con sus circunstancias nacionales.

Este impuesto es clave para financiar actividades en la ruta del cumplimiento de los compromisos de Colombia que se desprenden del Acuerdo de París, sobre todo la meta de reducir las emisiones de CO2 equivalente en un 20% hacia el año 2030.

En lo especifico, este impuesto es un gravamen a las emisiones de CO2, o su equivalente, tasado hoy en $30.000 por tonelada emitida producto del uso de combustibles fósiles como gasolina, ACPM, kerosene, jet fuel, fuel oil y gas natural de uso industrial.

De manera muy novedosa, a través del Decreto 926 de 2017, creamos un mecanismo de carbono-neutralidad para que las empresas sujetas del impuesto lo puedan descontar si invierten en proyectos que generen adicionalidad en la reducción de emisiones. Colombia fue el primer país en implementar un mecanismo de esta naturaleza. Estas compensaciones están beneficiando directamente a muchas comunidades en áreas con ecosistemas de una alta importancia ambiental y la gran mayoría en zonas de posconflicto.

ENS: ¿En qué deben invertirse esos recursos y por qué algunos sectores están haciendo un llamado de urgencia a que se transfieran?

LGM: La recomendación de expertos internacionales es que la inversión del impuesto al carbono vaya más allá de las asignaciones clásicas del sector ambiental. En promedio, los países asignan un 40% a su presupuesto de destinación libre y un 60% a inversión en desarrollo sostenible.

En el caso colombiano, el 100% se destina al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Un 70% a través de proyectos del Fondo Colombia en Paz y un 30% a través del Minambiente.

Estos recursos deben financiar proyectos de desarrollo en zonas de posconflicto, fortalecimiento y manejo de áreas naturales protegidas, control de la erosión costera, reducción de la deforestación, y conservación de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos como los páramos. Estos son recursos que desesperadamente necesita el sector ambiental y las regiones del posconflicto. Al no transferirse oportunamente se afecta la capacidad de respuesta a los desafíos ambientales y del postconflicto que enfrenta país.

Páramos

ENS: Pero entonces, ¿qué tiene esto que ver con páramos? ¿Por qué se dice que la Ley de Páramos le dio un golpe al sector ambiental, porque le quitó los recursos del impuesto al carbono y se los dio al Fondo Colombia en Paz?

LGM: Eso es más mito que realidad, pero claro hay algo de realidad en esa afirmación.

En esa época, al interior del Gobierno estuvimos de acuerdo en la creación y la filosofía del impuesto al carbono. Además, fue una instrucción del entonces presidente Santos. Pero tuvimos diferencias en la destinación específica y los canales de ejecución. Al final se llegó al acuerdo que un 70% de esos recursos se canalizaría a través del Fondo Colombia en Paz y un 30% a través del Minambiente, de los cuales al menos el 5% sería exclusivamente para el fortalecimiento de la gestión de áreas naturales protegidas en el marco de la iniciativa Herencia Colombia. En aras de fortalecer el esquema de financiación del sistema de páramos y para blindar a futuro y darle mayor jerarquía jurídica a esta decisión, incluimos este mandato en la Ley 1930 de 2018 o Ley de Gestión Integral de Páramos.

Ahora bien, nada más ambiental que la inversión en proyectos de desarrollo rural y construcción de paz con criterios de sostenibilidad. Mire usted que en el 75% de la deforestación se concentra en municipios de posconflicto. De allí que, nada más ambiental que construir paz. Es por eso que este debate se fundamenta en un falso dilema entre ambiente, desarrollo sostenible y paz; y como dije, se origina más en mitos que en realidades.