Desde la estepa patagónica hasta los arrecifes de coral de las Islas Galápagos, los animales y las plantas salvajes son partes esenciales de la intrincada red de la vida de la Tierra.

Las especies silvestres no solo regulan los procesos naturales, también proporcionan servicios esenciales que apoyan los medios de subsistencia humanos: más de la mitad del producto interior bruto (PIB) mundial depende de la naturaleza, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Sin embargo, más de un millón de especies en peligro de extinción, por lo que es urgente la financiación para la conservación. Por ello, este lunes se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre con el tema Financiación de la conservación de la vida silvestre: Invertir en las personas y el planeta.

A nivel global, las razones por las que se ha disparado la pérdida de la vida silvestre son ampliamente conocidas, entre ellas, la contaminación y el cambio climático y los delitos medioambientales como la deforestación, la minería ilegal, la caza furtiva y el tráfico de especies.

En América Latina, la fauna silvestre de países megadiversos como Ecuador está a la merced del crimen organizado, que ha encontrado en los delitos medioambientales una oportunidad para diversificar sus actividades porque “son crímenes que generan mucho dinero y que tienen bajo riesgo”, según indica a Noticias ONU el responsable de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el país.

“Es muy complejo investigarlos y es muy complejo sancionarlos”, dice Leopoldo Fernández, quien explica que, si bien el tráfico de drogas conlleva un riesgo alto de ir a prisión, una actividad ilícita relacionada con el medio ambiente puede no tener ninguna consecuencia o, a lo sumo, causar una sanción administrativa o monetaria.

Según la agencia, el crimen organizado transnacional ha incorporado los delitos ambientales como un pilar financiero fundamental para el narcotráfico y expansión de su influencia, facilitando el lavado de activos y reforzando la convergencia con otros delitos como la corrupción, tráfico de armas y la trata de personas.

Las redes criminales facilitan el tráfico ilegal de recursos naturales, generando entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ganancias ilícitas anualmente, según datos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La explotación de los delitos ambientales, como la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre, no solo contribuye al lavado de dinero para carteles internacionales y grupos armados, sino que también alimenta la corrupción y afecta la seguridad en el hemisferio occidental y a nivel global.

“Hay que reforzar las instituciones, hay que fortalecer las capacidades técnicas y operativas para que puedan detectar, investigar y sancionar este tipo de delitos”, aboga Fernández, destacando que uno de los portafolios que tiene Unodc en el país es precisamente sobre delitos ambientales, a través del cual buscan robustecer la cooperación regional para prevenirlos y combatirlos.

Uno de los principales proyectos que apoya la agencia en la actualidad consiste en reforzar las capacidades de todos los involucrados en una investigación sobre un delito contra la flora o la fauna, de forma que sepan resguardar las pruebas de un delito (preservar la cadena de custodia).

“¿Por qué? Porque cuando llevamos la prueba al juicio, si no es sólida, el juicio se cae”, subraya Fernández. “Las organizaciones criminales que se benefician de este tipo de delitos invierten muchísimo dinero también en otros especialistas; pueden ser abogados, contadores o expertos de otras áreas que los van a apoyar durante los procesos judiciales”.

En el país, el aumento de la minería ilícita ha impulsado la deforestación, el desplazamiento de poblaciones locales e indígenas, la destrucción de los hábitats y, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad.

Fernández advierte que hay grupos criminales que controlan zonas mineras y utilizan los minerales para lavar dinero y financiar todas sus actividades. “Fuentes oficiales hablan de que al día salen de las fronteras de Ecuador 20 millones de dólares en oro. Estamos hablando de más de 7000 millones al año”, apunta.

Pérdida de vida

Sobre el terreno, Noticias ONU habló con el subdirector de la Policía Científica en Ecuador, Xavier Chango, mientras impartía un taller sobre la preservación de la cadena de custodia en la ciudad de Cuenca.

El teniente coronel explicó que el taller estaba dirigido a los primeros respondientes, o aquellas personas que llegan a la escena del crimen y que no necesariamente son funcionarios policiales, sino guardaparques.

“Es importante que este primer respondiente sepa qué hacer”, explica Chango. “Muchos de los indicios que se encuentran en las escenas se terminan por destruir, contaminar o simplemente por esfumarse del lugar de los hechos”.

En consecuencia, no se levantan los indicios que permiten realizar una investigación y, como explicó el responsable de Unodc, no se pueden establecer responsabilidades para aplicar sanciones frente a la vulneración de los derechos de la naturaleza.

Chango destaca la variedad de escenarios para los que los funcionarios deben estar preparados, en los que puede haber especies heridas o restos de especies muertas como garras, plumas, grasa, o árboles que han sido talados ilegalmente y minerales.

Según el funcionario, los crímenes contra la fauna silvestre ocurren en todo el país, incluyendo las Islas Galápagos, hogar de animales únicos en su especie.

Delfines rosados, jaguares, armadillos, tortugas, iguanas, todas están en riesgo de tráfico y tenencia ilegal. El subdirector coincidió que ha habido un aumento de la minería ilícita.

Brecha financiera

A medida que se fortalecen los mecanismos de conservación, se requiere más recursos dedicados a este ámbito.

En palabras de la secretaria general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, “la magnífica biodiversidad de nuestro planeta no tiene precio, pero conservarla tiene un costo”.

Ivonne Higuero insiste en que cada año se necesitan miles de millones de dólares para colmar la brecha financiera mundial para la conservación de la vida silvestre, “una brecha que debemos cerrar para garantizar la supervivencia de las especies y los ecosistemas que nos sustentan a todos”.