Por estos días se ha venido entregando en los medios la noticia de la posible desaparición de algunos ríos en el país por cuenta del daño ambiental causado en sus cauces y nacimientos así como por la desidia de las autoridades ambientales; noticia esta que no debería sorprender a nadie pues existen informes sucesivos de los entes de control, emitidos entre los años 2014 y 2017, que ponen de manifiesto la problemática y sobre los cuales no se han tomado acciones concretas, por lo menos no acciones determinantes que cambien el futuro de las cuencas.
Tanto la Contraloría General como la Fiscalía han emitido entonces conceptos que no han sido tenidos en cuenta o que no han generado reacciones de parte de las autoridades encargadas de velar por el cuidado de nuestro ambiente en general y de nuestras fuentes hídricas en particular; situación que debería ser la mayor preocupación nacional en este momento.
En un informe, por cierto alarmante, la Fiscalía deja en entredicho la labor de los entes de control ambiental para manejar los problemas de contaminación por mercurio y de remoción del lecho fluvial, generados por organizaciones al margen de la ley a través de la práctica de la llamada “Minería Criminal”; en el informe figuran en estado de degradación máxima ríos que por sí solos serían una catástrofe ambiental de no controlarse su deterioro, entre ellos se encuentran los ríos; Quito, Vichada, Yarí, Acandí, Barbacoas, Suesca, Caquetá y Simití, entre otros.
Si bien podría aplaudir el trabajo realizado, hace ya un año, por la Fiscalía, debo decir que no comparto para nada el hecho de que en dicho informe se culpe de la minería artesanal de la debacle generada por la contaminación, los verdaderos culpables son los grupos al margen de la ley que mantienen poblaciones enteras esclavizadas a su servicio y depredan el entorno para obtener el material que requieren para mantener su guerra en contra de un Estado que se va tornando en cierta manera permisivo con estas actividades. No deja de sorprender que entre los hallazgos principales se encuentra que existe un tipo de minería ilegal que mantiene una fachada empresarial de alto perfil, pagan sus nóminas, obtienen créditos en el sector financiero y conviven con el estado; habrá alguien que pueda explicar este fenómeno.
Hace ya varios periodos, por el año 2004, el Ministerio de Ambiente contrató con dos Universidades la elaboración de las guías minero-ambientales de; oro, cantera, esmeralda y carbón. Las guías siguen durmiendo el sueño de los justos en un anaquel, mientras las actividades que debieran ceñirse a ellas para su ejecución, continúan depredando y acabando con nuestro entorno. No está demás decir que esto serviría para controlar de alguna manera los daños que genere o pueda generar la minería legal, pero que los daños causados por la minería ilegal requieren de una acción fuerte del estado; debo también hacer notar que para el año de 1995 un documento del mismo ministerio advierte de las consecuencias de no elaborar y poner en práctica las mencionadas guías.
Va siendo hora de que no veamos la captura de decenas de mineros que las más de las veces trabajan por presión, sea de los grupos ilegales o sea del hambre, va siendo hora de que caigan las cabezas de quienes realmente acaban con nuestros ecosistemas, de los líderes de los grupos al margen de la ley que se nutren de esta actividad y de los responsables del control de estas actividades que están siendo laxos con el cumplimiento de su obligación.
@alvaro080255