Desde hace más de un año la campaña presidencial arrancó en Colombia, incluso varios de los precandidatos ya trabajan en su plataforma ideológica, recorren el país y buscan posicionarse anticipadamente en el partidor.

Se trata de una campaña suigéneris no solo porque será una de las más largas de los últimos años sino porque estará marcada por dos hechos especiales. El primero, la pandemia de coronavirus, que a pesar de que comienza a mostrar mejoría en el planeta entero gracias a la vacuna que han desarrollado algunas farmacéuticas, aún es considerada una amenaza latente para la humanidad.

Sin duda, la emergencia sanitaria seguirá marcando el normal desarrollo de la campaña política pues mientras el Gobierno no decida lo contrario se mantendrán las medidas de bioseguridad y la prohibición de las concentraciones de gente.

El segundo es la crisis económica producto de la pandemia, que servirá no solo al Gobierno nacional para mostrar resultados de su gestión, sino que será uno de los caballitos de batalla de los candidatos.

En este punto, uno de los grandes retos de quienes se disputarán el solio de Bolívar es no politizar la crisis económica que ha dejado la emergencia sanitaria para la población más vulnerable.

Por otro lado, la campaña presidencial se desarrollará en medio de grandes retos que le esperan al Congreso de la República, algunos que vienen como materia pendiente de años anteriores y otros que, igualmente, se desprenden de la crisis mundial que ha significado el coronavirus.

Entre los primeros están las reformas estructurales como la laboral, pensional, tributaria, a la salud, entre otras, y que mostrarán el talante de quien tendrá que liderar a la nación durante cuatro años a partir de 2022 y los compromisos que piensa adquirir frente a un electorado cada vez más escéptico.

Y entre los segundos, los proyectos que se desprenden de la crisis sanitaria, donde están varios que han surgido de la necesidad de reglamentar algunos aspectos producto de la nueva realidad que enfrenta el mundo, como el teletrabajo o el trabajo por horas.

Pero también será un año de grandes retos para la Organización Electoral que tendrán que reglamentar varios aspectos del nuevo Código Electoral aprobado por el Congreso de la República, y que reemplaza al anterior que tiene 35 años de vigencia.

Temas como la biometría, la reglamentación de las encuestas, la jornada de votación extendida en una hora, el voto electrónico o la inscripción de cédulas, son tópicos que se estrenarán en las próximas elecciones y pondrán a prueba la solidez no solo de la nueva normatividad sino también de la misma Registraduría en cuanto a la logística de los comicios y del Consejo Nacional Electoral en lo relacionado con la reglamentación jurídica y aplicación de las nuevas disposiciones

Pero también el nuevo Código Electoral supone un gran reto para los partidos y movimientos políticos, en particular en lo relacionado con la confección de listas para las corporaciones públicas, ya que la normatividad implica que estas deben ser paritarias, es decir en igualdad de renglones a inscribir para hombres y mujeres.

Grandes liderazgos

Igualmente, las casas políticas tendrán un gran reto por delante en lo relacionado con el impulso a nuevos liderazgos que calen en el electorado, ya que varios de los principales electores ya no estarán en la largada para los comicios parlamentarios de 2022.

Álvaro Uribe, en el Centro Democrático; Jorge Enrique Robledo, en el Polo Democrático; Antanas Mockus, en la Alianza Verde, son apenas algunos de los dirigentes que públicamente han expresado su intención de no regresar al Legislativo.

Pero también el año que comienza será la oportunidad para que otros dirigentes nacionales como Sergio Fajardo o Gustavo Petro, puedan consolidar un discurso que concite a la opinión pública y puedan, en las urnas, demostrar qué tan cautivo es el voto que dicen tener de acuerdo con los resultados de las presidenciales de 2018.

En esa oportunidad, por ejemplo, Fajardo logró más de 4,3 millones de sufragios que lo convirtieron en la tercera fuerza política del país, detrás de Petro e Iván Duque que pasaron a la segunda vuelta.

Petro, mientras, sobrepasó los ocho millones de electores constituyéndose en un fenómeno para la izquierda democrática de Colombia, y aunque no ganó la Presidencia recibió un escaño en el Senado.

Tanto Petro como Fajardo, han expresado que las presidenciales de 2022 será su última incursión en política electoral, es decir que si no ganan no volverían a presentarse, sin que ello signifique que desaparezcan del escenario nacional.

Igualmente, se avecina una nueva etapa en lo relacionado con las encuestas, pues el Código Electoral impone nuevas obligaciones a las firmas encuestadoras para la realización de estudios de opinión pública, tema que deberá contar con la reglamentación del Consejo Nacional Electoral.

Pero así como los partidos políticos tendrán un reto enorme en la consolidación de las listas para darles oportunidades reales a las mujeres de llegar a los cargos de elección popular, también tienen ante sí un reto mayúsculo relacionado con las minorías étnicas como la población afro e indígena, tradicionalmente discriminada de los grandes partidos.

Inclusive, sectores afrodescendientes del Congreso de la República trabajan desde ya para consolidar una candidatura propia para ‘hacerse contar’, independiente de sus verdaderas posibilidades electorales.

Y también para la propia Corte Constitucional las elecciones presidenciales de 2020 marcarán un antes y un después, teniendo en cuenta que a partir del reinicio de actividades a mediados de enero, comenzará a correr el tiempo para el examen jurídico del Código Electoral.
Se trata de la revisión previa de las leyes estatutarias que por Constitución no pueden entrar a regir sin este examen jurídico.

La Corte bien podría avalar el Código tal como fue aprobado por el Congreso, o tumbarlo, o derogar algunos apartes. De hecho, antes de que el documento haya llegado para su estudio, ya se han anunciado dos demandas de inconstitucionalidad de la normatividad electoral por temas como la biometría o el tratamiento de datos.

Así las cosas, la Corte tendrá que decidir con qué reglas de juego se desarrollarán las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022.