Formación laboral es deficiente para necesidades del país

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Tras más de un año de estudios, se presentaron los hallazgos y propuestas de la Misión de Empleo del Gobierno nacional, liderada por el economista Santiago Levy y el académico Darío Maldonado, bajo misión del Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Dentro de los puntos más relevantes, los exponentes mostraron los problemas relacionados con el sistema de protección social, el salario mínimo y la formación para el trabajo. Precisamente sobre este último punto los expertos manifestaron preocupación, pues señalaron que no se está formando adecuadamente a los trabajadores para lo que requiere el país para su desarrollo.

“El mercado laboral en Colombia funciona mal”, aseguró Levy, quien explicó que esto se da como resultado de que gran cantidad de trabajadores recibe una protección social deficiente y la mayoría de empleos son precarios, con muy pocas oportunidades de desarrollo académico y personal.

El experto resaltó que “este mal funcionamiento tiene múltiples causas, entre ellas, malos incentivos asociados a la forma en que está estructurada la protección social, la forma en que se financia y a la calidad y reglas de acceso a sus beneficios”, que, en su opinión, hacen que el mercado laboral se vaya hacia la informalidad.

Según los cinco estudios realizados para la presentación de este informe, la situación económica actual es la suma de distintos factores, entre ellos “un salario mínimo muy alto, relativo a la distribución salarial y no a la canasta de consumo, un sistema de formación para el trabajo que no conecta con la demanda del sector productivo y debilidad en los mecanismos de fiscalización y participación de justicia laboral”.

Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional, destacó la importancia de la misión como una herramienta para cuestionar qué hacer para que funcione mejor el mercado laboral en Colombia. Del mismo modo, resaltó que a pesar de los efectos adversos de la pandemia Colombia está “en un proceso muy exitoso de recuperación económica, resultados que se encuentran motivados, entre otros, por medidas que se adoptaron rápidamente desde el Gobierno nacional y desde el sector productivo para proteger el empleo y avanzar en la senda de recuperación”.

Puntos más relevantes

El objetivo de dicha misión fue el diseño de estrategias e instrumentos de política viables para mejorar el desempeño del mercado laboral, y para ello se definieron ocho ejes temáticos: protección social y empleo; regulación laboral, formación para el trabajo; políticas activas y pasivas del mercado laboral; empleo y sector rural; tecnología y mercado laboral; plataformas digitales y virtualidad; empleo y género y empleo y jóvenes.

1. Seguridad Social, salud y protección social

Para la misión, la legislación colombiana no otorga una protección adecuada a los trabajadores, en parte por la conformación de los empleados en el país y el sistema de pago.

“Primero, poco más de un tercio de los trabajadores se ocupa por cuenta propia o de forma independiente en empresas unipersonales. Segundo, un cuarto lo hace en empresas de dos a cinco personas, de las cuales la gran mayoría tiene entre dos y tres trabajadores. Así, resulta que seis de cada diez trabajadores trabajan solos o en empresas con hasta cinco personas, situación que atestigua una altísima dispersión de la actividad económica. […] La gran mayoría de las empresas en Colombia, además de ser informales y muy pequeñas, tienen baja productividad”, explica el informe.

De modo que esta recomienda que se avance hacia programas de protección social de corte universal. Y, ¿cómo se logra esto? Según el documento, es necesario separar los programas de protección social que “están inherentemente asociados a la relación de dependencia y subordinación entre empresas y trabajadores”, es decir, que no se tenga en cuenta si un trabajador es empleado dependiente o independiente, ni ninguna otra de las formas de ocupación del país.

Esto beneficiaría principalmente a los trabajadores de bajos ingresos, que son los más afectados actualmente, dice el texto.

2. Pensiones

De acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores, la misión ve necesario la solidaridad de aquellos con mayores ingresos hacia los menos favorecidos, pero esta debe verse a través de la tributación y no del mercado laboral.

Los principales problemas del tema pensional son los requisitos mínimos de cotización, como semanas y montos, de acuerdo al tipo de contrato laboral que tengan y el régimen en el que se pensionen. El segundo es que los tránsitos entre empleo formal e informal no permiten que la cotización sea constante y el tercero es que el régimen de prima media está subsidiado, es decir, que los ricos reciben un subsidio a su pensión que los pobres no.

“Se estima de forma conservadora que de los 1,5 puntos del PIB de gasto público que se canalizan a subsidiar ese régimen, 70% son capturados por las familias en los dos deciles más altos de la distribución del ingreso”, detalla el informe.

De forma que se considera necesario distinguir entre las personas que trabajaron antes del retiro y las que no. “Ambas deberían recibir una pensión ciudadana financiada de la tributación general”, esgrime.

Finaliza este punto aclarando que si más personas cotizan durante mayor tiempo (ya que el tiempo de cotización, más no la edad es baja), se podría pagar menos de tasa de contribución (16% actual).



3. Cajas de compensación familiar

Para la Misión, las cajas de compensación deben continuar con su labor. Su consejo es que aquellas actividades ajenas a la relación entre empresas y trabajadores, sean financiadas de la tributación general o, también, dependiendo del caso, con tarifas por prestación de servicios. “Con ello se lograría que todos aquellos con altos ingresos, independientemente de su fuente, contribuyan al esfuerzo solidario”.

4. Salario mínimo

Uno de los temas en los que más ahonda la misión es el del salario mínimo. Según el dictamen, este cumple dos objetivos fundamentales: “fija un piso a los ingresos de los trabajadores cuando se ocupan bajo una relación de dependencia con una empresa. Segundo, sirve como umbral para el acceso a prestaciones críticas de protección social”.

Esta doble función hace que se reduzca la eficacia redistributiva del salario mínimo y además genera disyuntivas difíciles de política pública. Como se explicaba antes, la distribución heterogénea de los ingresos, entre asalariados e independientes, así como la gran cantidad de microempresas o empresas unipersonales no contribuyen a generar equidad con esa fijación del salario mínimo.

Como respuesta, la misión cree que mientras se transite hacia un sistema de protección social más universal, “el aumento anual del salario mínimo se indexe a la inflación observada”, ya que el objetivo primordial ahora es reducir la tasa de desempleo.

También considera necesario “adecuar la forma de funcionamiento del salario mínimo a las particularidades del trabajo rural y explorar modalidades para evitar que se convierta en un impedimento para que los jóvenes obtengan empleos en empresas al inicio de su ciclo laboral”.

5. Adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral

Este es un punto necesario para mejorar la productividad laboral; sin embargo, esto se dificulta cuando los empleos son precarios e inestables. Un hallazgo de la Misión es que 42% de los trabajadores que se ocupan en empresas, y 30% de los que se ocupan por cuenta propia, tienen menos de un año de antigüedad en su trabajo.

Como recomendación, los expertos dicen que “se necesita un único sistema que agrupe la oferta de educación vocacional y técnica de las instituciones de educación superior, de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y del SENA”.

6. Participación laboral femenina

Por último, queda uno de los temas más relevantes, el del empleo y participación de la mujer. La Misión detalla que las mujeres en Colombia tienen más años de escolaridad que los hombres, por lo tanto, están mejor preparadas, “pero enfrentan mayores barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral”, solo el 53 % participa dentro de él, en comparación con el 74% de los hombres.

Además, ahonda en la desigualdad salarial entre hombre y mujeres con la misma escolaridad y cómo los hijos profundizan esa brecha de género en detrimento de las mujeres. Como solución plantea que las mujeres se beneficiarían más de la universalización del aseguramiento contra riesgos de invalidez y muerte.

“Lo mismo de la eliminación de tiempos de cotización mínimos para una pensión complementaria de retiro; y lo mismo de una fiscalización más estricta de las regulaciones laborales. De forma más profunda, un mercado laboral menos disfuncional se reflejaría en salarios más altos, aumentando el costo de oportunidad del trabajo no remunerado”, señala escuetamente el informe.