Darío Indalecio Restrepo es el director de la Misión de Descentralización, una iniciativa participativa, independiente y transparente que pretende presentar propuestas legales que definan y ordenen la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la Nación y las entidades territoriales.
Restrepo es filósofo de la Universidad Católica de Lovaina, especialista en Países en Desarrollo de esa misma universidad y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia
EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste esto que se ha llamado la Misión de Descentralización?
DARÍO INDALECIO RESTREPO: La Misión de Descentralización fue instalada en marzo del 2022 y formulará las propuestas de descentralización a través de un proceso de concertación entre el saber técnico académico, los gremios de alcaldes y gobernadores, diferentes ministerios y entidades administrativas del Estado, además de organizaciones sociales y territoriales. Es una iniciativa participativa, independiente y transparente que ha recogido ideas y recomendaciones de diversos actores a lo largo y ancho del país para evaluar el modelo actual de descentralización y presentar propuestas constitucionales, legislativas y administrativas que definan y ordenen la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la Nación y las entidades territoriales.
El año pasado la Misión realizó 15 talleres territoriales para recoger iniciativas. En el segundo semestre del año y una vez maduradas unas propuestas intermedias que resultarán de la concertación, volveremos a las regiones para presentar el avance y seguir recibiendo retroalimentación, críticas y perfeccionamientos. La idea es que, al final, el paquete de reformas a la descentralización sea el resultado de una gigantesca concertación entre el saber técnico, social, gremial, político y territorial.
ENS: ¿En qué consisten los cinco ejes de la Misión de Descentralización?
DIR: El primer eje tiene el propósito de revisar la distribución de recursos entre nación, departamentos y municipios; el segundo, la distribución de competencias; el tercero, la capacidad de las instituciones de cumplir con sus objetivos; el cuarto, aumentar las prácticas de Gobierno Abierto para combatir la corrupción, incentivar la participación ciudadana y la construcción pública de las políticas públicas; y el quinto, darle un empujón al tema étnico. Estos son los ejes que están en el decreto que funda la Misión y sobre el cual tenemos la responsabilidad de hacer propuestas que permitan alcanzar una mayor equidad territorial con reformas constitucionales, legales o de políticas administrativas.
Autonomía
ENS: ¿Cómo podrían aprovechar los territorios el hecho de tener una mayor autonomía?
DIR: El principio de autonomía ha tenido dos planteamientos equivocados. El primero es que solo las ciudades y municipios con cuantiosos recursos económicos pueden ser autónomos, mientras que los municipios con precaria capacidad fiscal dependen de las transferencias y apenas les alcanza para gastos de funcionamiento, impidiéndoles participar en la toma de decisiones sobre su propio territorio. La segunda es que la nación entregue los recursos a los territorios y estos no rindan cuentas por ser totalmente autónomos. Ese tipo de autonomía viene heredado de la Colonia y comienzos de la República, y no privilegia propósitos nacionales, ni regionales ni encadenamientos entre varias entidades territoriales para hacer obras de impacto regional, sino que promueve un cuoteo y una dispersión gigantesca de recursos sin garantizar condiciones de rendición de cuentas y consecución de logros de política pública nacional y territorial.
El reto mayor es encontrar la manera de avanzar hacia un principio de autonomía para todos los municipios, independientemente de la riqueza fiscal de cada entidad. Para lograrlo tenemos que aprender a combinar una relación entre libertad y responsabilidad. Si se pide más libertad se debe asumir más responsabilidad, tanto financiera, como de administración de recursos y, en particular, de resultados. Y en el otro sentido, si se delegan más competencias y responsabilidades de la nación hacia abajo hay que reconocer mayor libertad y participación de las comunidades locales en la toma de decisiones.
Recursos
ENS: ¿Cómo sería el manejo de los recursos, por ejemplo las regalías, en un territorio descentralizado?
DIR: La conclusión de investigadores y académicos sobre el impacto de las regalías es que, en buena medida, las hemos desperdiciado. Han sido billones de pesos que los hemos dispersado en una multitud de miles de pequeños proyectos con insuficiente impacto. No hemos tenido una estrategia para generar encadenamientos supramunicipales y supradepartamentales de desarrollo. No tenemos una estrategia lo suficientemente robusta para articular los sistemas económicos territoriales a través de las infraestructuras, la extensión de las redes eléctricas, de riego y de internet. La dispersión de los recursos no permite el manejo integral de las cuencas hidrográficas, de los circuitos ambientales y de las cadenas y flujos productivos. Lo que hemos sembrado son semillas en el desierto. La propuesta es priorizar proyectos que enlacen territorios, poblaciones y mercados a través de múltiples asociaciones territoriales.
ENS: ¿Cómo se haría la vigilancia del manejo de esos recursos, para evitar posibles casos de corrupción?
DIR: La lucha contra la corrupción consiste en sacar las decisiones de política pública de la oscuridad, es decir, llevar la discusión pública a los escenarios públicos con actores que puedan controvertir e ilustrarse sobre las prioridades. Es asumir la autonomía como principio de libertad con responsabilidad. Dicho principio tiene en el centro la participación, el control social y la transparencia. Saber cuántas transferencias reciben los municipios, cuántos son los impuestos y las tarifas locales, cuáles son las principales obras y cuánto cuestan, que todo esté en línea y construir escenarios públicos de socialización y discusión de las prioridades del gasto en cada territorio con las juntas de acción comunal, las asociaciones profesionales, el sistema educativo, las empresas, las iglesias, los medios de comunicación, los líderes sociales, territoriales y políticos.
Todo esto debe ir de la mano con una depuración de las “ías”. Las entidades de control están siendo pervertidas por dos fenómenos. Por una parte, por la captura que redes de contratación, con su personal político, hacen de los organismos de control para evitar las investigaciones y sanciones, y, por la otra, como instancias para perseguir a eventuales competidores de los contratos públicos y a los contradictores políticos.
ENS: ¿Las poblaciones indígenas se verían beneficiadas con un modelo descentralizado?
DIR: Absolutamente, pero también las afrodescendientes, campesinas, la gente de los pueblos y fronteras. Los marginados de las grandes y medianas ciudades deben ser integrados a las políticas de desarrollo y bienestar. Hay que socializar las oportunidades de desarrollo económico, de acceso a la política social y a la seguridad. Ese es el nuevo reto de la descentralización. Profundicémosla como un instrumento privilegiado de equidad e inclusión de todos los colombianos a las posibilidades de desarrollo y bienestar.