Como un hecho de enorme gravedad y complejidad y de evidente violación al Derecho Internacional Humanitario, que protege a los niños, niñas y adolescentes, y muy especialmente a los espacios educativos, calificó esta mañana el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la presencia de grupos armados ilegales que vienen haciendo patrullajes en centros poblados e instituciones educativas rurales en el norte de Antioquia y algunos municipios del nordeste.  

Según explicó Gaviria, estos hechos se han conocido por información entregada en los últimos días por parte de la comunidad y diferentes instituciones; además, recalcó que la situación se agrava si se tiene en cuenta que los miembros de estos grupos ilegales vienen haciendo adoctrinamiento de los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas rurales y hay denuncias de reclutamiento de menores.

“Hemos querido ser prudentes en no entregar los nombres de las instituciones educativas para la protección de estas comunidades, de estos niños y de sus familias y adicionalmente de los docentes”, dijo.

Gaviria agregó que estas acciones se han registrado en instituciones educativas especialmente de Yarumal, Campamento y San Pedro de los Milagros y los grupos ilegales identificados que viene haciendo presencia en estos lugares son las disidencias de las Farc, el frente 36, miembros del llamado ‘Clan del Golfo’, y en los que tiene que ver con instalación de minas antipersona y otras violaciones, el Eln.

El gobernador explicó, igualmente, que las pruebas en videos y los demás documentos que han recibido de los diferentes denunciantes serán entregados a los ministerios de Defensa, Interior y Educación, a la Fiscalía General de la Nación,  a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y demás instituciones que deberán profundizar en las investigaciones.

El gobernador de Antioquia insistió en la urgencia de una claridad en los protocolos para el alto el fuego y la suspensión de acciones como el secuestro y la instalación de minas antipersona que costaron la vida, en el mes de enero, a 12 miembros de la Fuerza Pública en Chocó y Antioquia.

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional para que haya claridad en esos protocolos, para que haya claridad en las reglas del cese al fuego. Hacemos también una exigencia a los grupos armados ilegales que supuestamente están avanzando en la voluntad de la paz total, porque eso no es lo que estamos presenciando con estas acciones que van contra los derechos humanos, contra el Derecho Internacional Humanitario. No nos parece de ninguna manera actos de voluntad de paz", recalcó.

El gobernador aprovechó la reunión con los alcaldes de los 19 municipios del Occidente de Antioquia para firmar un Acuerdo de Voluntades, que respalda la creación de la Región de Planificación y Gestión, un instrumento de asociatividad territorial que posibilita la articulación y cooperación para abordar problemáticas conjuntas y planear y gestionar estrategias para avanzar en proyectos en torno a una visión compartida de desarrollo.

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La misma denuncia en el Meta

Esa misma denuncia la había hecho semanas atrás el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, cuando indicó que las disidencias de la desaparecida guerrilla de las Farc estaban citando a los campesinos de la región de Vista Hermosa a reuniones de manera obligatoria.

Zuluaga advirtió a través de un video que tuvo conocimiento de la citación a los campesinos, la cual estarían haciendo con panfletos enviados a los presidentes de las juntas de acción comunal de esa parte del Meta y en los que se señala que deberán llegar para reunirse en el sector conocido como Loma Linda. 

“Yo sé que muchos van a ir porque les toca…”, aseveró el mandatario, quien agregó que los alzados en armas les están pidiendo a los campesinos que lleven ropa para quedarse unos tres días. “Si ustedes se están acogiendo a un cese de hostilidades, cúmplanlo y no molesten a la gente…”, dijo el gobernador, quien ha mantenido una fuerte confrontación verbal con los grupos alzados en armas desde que llegó a la Administración departamental. 

Esta denuncia de Zuluaga se da después de que fueran liberados los 30 soldados que habían sido retenidos por la guardia campesina en ese mismo municipio esta semana.