Unos 13,4 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo para elegir autoridades locales y votar un referendo clave que decidirá, entre otros, si el país acepta la extradición.

El presidente de derecha Guillermo Lasso, en el poder desde 2021, convocó en noviembre a una consulta sobre temas de seguridad, política y medioambiente. Ocho preguntas serán resueltas en paralelo con los comicios para elegir alcaldes, gobernadores provinciales, entre otros.

Y en el centro del debate, está la extradición de ecuatorianos, prohibida desde hace ocho décadas. En medio de su férrea guerra antidrogas, el mandatario defiende la entrega de connacionales a otros países si cometen delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico.

Las elecciones tendrán lugar en un país sumido en la violencia que saltó de las calles a las cárceles, con enfrentamientos frecuentes entre presos vinculados al narco que dejan más de 400 muertos desde 2021. Las masacres de reclusos han pasado a ser de las peores de Latinoamérica.

Con una impopularidad del 80%, según la encuestadora Perfiles de Opinión, Lasso aspira "debilitar y desmantelar a las más de 25 bandas criminales que actualmente operan" en Ecuador, dijo a la AFP Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios del área jurídica de la presidencia.

La tasa de homicidios en el país de 18,2 millones de habitantes creció a 25 por cada 100.000 personas en 2022, comparado con los 14 casos del año anterior.

Además, el año pasado se decomisaron unas 200 toneladas de drogas, una de las cifras más altas del mundo.

"Buscamos establecer una herramienta más que nos permita a los ecuatorianos darle cara al crimen organizado", explicó Sichel.

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Evaluación al gobierno

El referendo "va a ser una forma de evaluación" al gobierno, que en el Congreso unicameral afronta una mayoría opositora, aunque fraccionada, sostiene el politólogo Santiago Basabe.

Sus opositores, liderados por el movimiento Revolución Ciudadana, del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), promueven el No para la consulta popular. Un mecanismo que ha servido varias veces para modificar la Carta Magna en vigencia desde 2008.

Una derrota del oficialismo "sería un golpe para el gobierno, lo fracturaría un poco más. El escenario es complicado para los dos años que le restan", añadió Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Lasso también plantea reducir los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Según la normativa actual, en los comicios generales de 2025, esa cifra deberá pasar a 152 por el aumento de la población.

Esa propuesta "es peligrosísima para la estabilidad del país porque va a generar efectos sobre la representación política, en la distribución de los recursos y del poder político entre las diferentes provincias", estimó Basabe.

Los sufragantes deberán responder Si o No a cada una de las preguntas y serán aprobadas aquellas que cuenten con un respaldo mayor.

El Parlamento tendrá un año para implantar las reformas que sean aprobadas este domingo.

En Ecuador hay siete partidos políticos nacionales y 272 movimientos, la gran mayoría locales y con muy pocos afiliados.

El referendo también definirá si esos movimientos, algunos bajo sospecha de tener nexos con el narcotráfico, deben ser auditados por el ente electoral como sucede con los partidos. Y si deben representar al menos al 1,5% de los electores en sus jurisdicciones.

El Ejecutivo es partidario de quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en el gobierno de Correa, la facultad de designar autoridades como fiscal y contralor, para darle esas funciones al Parlamento.

Además aspira incluir en la lista de áreas protegidas a los sistemas hídricos -para combatir a la minería ilegal- y entregar compensaciones por definir a pobladores y comunidades que protejan el medio ambiente.

"La consulta es irrelevante. En algunos casos irrelevante, y muy peligrosa (para la institucionalidad) en otros casos" como el de la reducción de asambleístas, consideró Basabe.

En la votación mañana, los ecuatorianos elegirán autoridades locales como alcaldes, concejales municipales y prefectos (gobernadores) provinciales que se posesionarán en mayo para un periodo de cuatro años. También escogerán a los siete integrantes del CPCCS.