Fue pactado entre el Gobierno y las disidencias de las Farc un protocolo para el cese el fuego bilateral, según anunciaron ayer el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El instrumento contiene herramientas para su implementación, incluido el establecimiento de un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, que emitirá conceptos y  recomendaciones para prevenir y atender incidentes o incumplimientos. 

El Gobierno acordó el cese el fuego bilateral temporal con cuatro grupos armados organizados, a partir del pasado 1 de enero y hasta el 30 de junio próximo, en el marco de su política de paz: la ‘Nueva Marquetalia’, el ‘Clan del Golfo’, los ‘Pachenca’ y las disidencias.  

Sin embargo, solo con las disidencias de las Farc se ha pactado, según lo que se informó ayer, un protocolo para la implementación y verificación del cese el fuego bilateral. 

En un comunicado de prensa la Oficina del Alto Comisionado para la Paz advierte sobre el protocolo del cese el fuego bilateral pactado con las disidencias, que “como en los demás ceses, no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. La Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado”. 

El mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación tendrá un nivel nacional y un nivel local, que incluirá a delegados del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente internacional. 

Asimismo, contará con el acompañamiento de miembros acreditados de la sociedad civil, la Iglesia Católica y otras expresiones de iglesias. 

Explica también la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a cargo de Danilo Rueda, que este protocolo busca ser un instrumento para el desescalamiento de la confrontación armada y una herramienta de facilitación para el proceso de negociación entre las partes.

Este protocolo surgió después de las denuncias que hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por la presencia de integrantes de las disidencias con camuflado y armados en el casco urbano de algunos municipios de este departamento. Incluso dijo que estuvieron en una escuela rural. 

Ello derivó en que el presidente Petro hiciera ayer presencia en un Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo en el municipio de Yarumal, con la participación del gobernador Gaviria, para hablar sobre el momento que vive la seguridad en Antioquia. 

A propósito de esto, el protocolo dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central Farc-EP (las disidencias) en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil. 

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Establece también el citado protocolo que la Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad de todos los colombianos. 

El primer mandatario dijo también en la localidad de Yarumal que no puede aceptarse cese al fuego sin cesar hostilidades contra la población civil. 

“Si la agrupación que dice estar dispuesta a un cese al fuego, cesa el fuego contra el Estado, pero también contra la población, y establece los mecanismos para separarse de los negocios (ilícitos), pues, obviamente, no la vamos a perseguir, la vamos a invitar a que acuda a la ley. Pero, si eso no es así, la Fuerza Pública tiene que actuar, debe y tiene que actuar”, advirtió Petro Urrego.

Enfatizó que el “concepto del cese al fuego tiene que integrar otros elementos que, yo creo, se necesitan para que el proceso pueda dar el resultado eficaz. No es, solamente, el cese de hostilidades entre grupos armados, sino el cese de hostilidad a la población civil”.

Ley de sometimiento 

De otro lado, el presidente anunció que la semana entrante el Gobierno radicará el proyecto de sometimiento de las organizaciones multicrimen para facilitar el acogimiento de estas a la justicia.

“Vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica, si se quiere, y hay voluntad de hacerlo”, dijo Petro.

El Gobierno viene trabajando en este proyecto desde hace al menos tres meses, que es fundamental para que pueda iniciar las negociaciones con los grupos interesados en acogerse a su propuesta de paz.