A casi un mes de que se realicen las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, la Corte Constitucional declaró la Urgencia Nacional para estudiar las demandas contra la derogación de la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías, que fue incluida en la normativa del Presupuesto de este año, aprobada el pasado 19 de octubre en el Congreso.

Con un votación de seis votos a favor y tres en contra, el alto tribunal avaló la ponencia presentada por el magistrado Jorge Ibáñez, luego de aceptar en el mes pasado 21 de las 42 acciones judiciales contra la misma.

De acuerdo con las denuncias presentadas, con la derogación de esta normativa se le habría abierto la puerta a favores políticos durante los comicios y posibles hechos de corrupción electoral como la compra de votos; además, sostienen que este ‘mico’ no tuvo las mayorías necesarias, por lo que se violaron los principios democráticos.

Las demandas admitidas para revisión de los magistrados fueron de los congresistas Iván Cepeda, Carlos Alberto Maya, Luis Fernando Velasco, Antonio Sanguino Páez. De manera parcial, también fueron avaladas las demandas presentadas por Edwing Fabián Díaz Plata, Juan Sebastián Ramírez García, Juan David Gamboa González y David Luna.

Otras demandas que fueron aceptadas por el tribunal fueron las de Juliana Valentina Cruz Sánchez, Valentina Álvarez Castro, Laura Montes Salazar, Angie Bibiana Burgos Fajardo, Francy Lizeth Rincón Tejedor, Henry Camilo Estupiñán Ballesteros, Karina Victoria Reyes Gutiérrez, Mile Vanessa González Estupiñán, María Paula Alvarado Niño y Danna Valentina Dallos Soto.

Cabe mencionar que en la ley de Presupuesto, se expone que esta modificación permitirá que las entidades del orden nacional y organismos territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, durante un año.

Contrastes políticos

Los pronunciamientos frente a esta decisión de la Corte Constitucional son de contrastes. Mientras que en el sector de oposición reconocieron la medida del tribunal, por el lado del oficialismo generó discrepancia.

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Uno de los primeros en reaccionar fue el senador y candidato a la Presidencia Gustavo Petro, quien señaló que “hay centenares de miles de contratos firmados por el gobierno que están financiando hoy la compra de millones de votos. El régimen de la corrupción se ha desplegado al máximo buscando detener el cambio. Para eso cambiaron la ley de garantías inconstitucionalmente”.

Entre tanto, el senador Roy Barreras también se refirió a la depuración de las demandas en la Corte Constitucional frente a este artículo de la ley de Presupuesto Nacional. “La Corte Constitucional decretó la urgencia nacional que solicité en mi demanda contra el artículo que tumbó la Ley de Garantías y le permitió al gobierno rellenar de mermelada a las maquinarias aceitando la compra de votos masiva de la historia”, expresó.

Por su parte, el representante David Racero manifestó que este cambio a la ley mencionada “era un Perogrullo, pero se debe repetir; modificación de ley de garantías era para hacer clientelismo y corrupción en esta campaña del 2022”.

Pese a que aún no se conocen reacciones por parte del Gobierno nacional o de los congresistas a favor de la modificación a la normativa, su posición siempre ha sido en beneficio de la reactivación económica del país, después de los efectos que dejó la pandemia del covid-19 en el país. “Este artículo lo pusimos de frente al país sin temor alguno, con la convicción de que es un artículo importante en el marco del PGN y es esencial en el propósito de reactivar la economía”, señaló José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.

De igual manera, el presidente Iván Duque también declaró que “el objetivo es darle a todos los ciudadanos la tranquilidad y la certeza, de que esos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destinatario final”.

Asimismo, algunos mandatarios regionales le dijeron a este Diario que “de no poder celebrar convenios administrativos e interadministrativos con el Gobierno, afectaría el cumplimiento de metas de nuestro Plan de Desarrollo y el inicio de obras importantes para la ciudad, lo que de paso podría afectar la dinámica económica que la obra pública viene generando en el municipio”, así lo recalcó Gorky Muñoz, alcalde de Neiva (Huila).