TRAS considerar que la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) tiene “competencia privativa, preferente y prevalente”, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a esa dependencia de justicia transicional, las investigaciones que adelanta contra dos congresistas y excabecillas de las Farc por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Los senadores, Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’ y Julián Gallo, alias ‘Carlos Lozada’ estaban siendo investigados tanto por el caso de Gómez Hurtado como por los asesinatos del exconsejero de paz, Jesús Antonio Bejarano, el exministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes, el exrepresentante a la Cámara, Pablo Emilio Guarín y el exguerrillero José Fedor Rey.

Como se recuerda, en octubre de 2020, el partido político de los desmovilizados asumió de manera sorpresiva la responsabilidad en el crimen del líder conservador, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de dictar cátedra en la universidad Sergio Arboleda.

Según versiones de las Farc, el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado fue ordenado por el Secretariado Farc y perpetrado por una fracción de las milicias urbanas Antonio Nariño.

La familia Gómez Hurtado, que lleva 25 años urgiendo que se acabe la impunidad en este magnicidio, ha reiterado que la sorpresiva culpabilidad asumida por las Farc es sospechosa y que las confesiones de Lozada son confusas y no aportan elementos de veracidad comprobables respecto a su autoría. De hecho, han solicitado que sean retirado de la Jurisdicción Especial de Paz, por no aportar pruebas en esta materia.

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El abogado Enrique Gómez Martínez, hoy candidato presidencial, ha insistido en que las afirmaciones de las Farc son una “desviación” de las investigaciones por el magnicidio, que fue declarado en 2017 como crimen de lesa humanidad, pero que aun así, sigue en la impunidad, pues no se tiene claridad sobre los autores materiales ni intelectuales. Por lo mismo ha insistido en que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deben seguir adelante con sus pesquisas e investigaciones de este “crimen de Estado”, ya que en la JEP no es una instancia que garantice que se encuentre la verdad sobre este crimen.

“… Salir ahora con el cuento de las Farc es completamente extemporáneo. En el momento en que asesinaron a mi padre las Farc no estaban jugando ningún papel y hacer un acto revolucionario para además callarlo 25 años, pues esa mentira no se la pueden creer ni ellos mismos. No cabe duda de que fue un ‘crimen de Estado’ y que personas que formaron parte del Gobierno, como Fernando Botero, él mismo dijo que había sido un ‘crimen de Estado’…”, sostuvo meses atrás Mauricio Gómez, hijo del asesinado excandidato presidencial, en un foro organizado por el Directorio Nacional Conservador.

Precisó que “… esta nueva hipótesis de las Farc es otro esfuerzo para que no se conozca la verdad”.

Así, la Corte Suprema de Justicia remitió los expedientes de las mencionadas investigaciones a la justicia transicional. Así lo informó a través del siguiente trino: Corte Suprema de Justicia@CorteSupremaJ·5hPor competencia prevalente, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ remite a @JEP_Colombia indagación contra senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo, por homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes, Pablo Emilio Guarín y José Fedor Rey.