El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que encargó a la vicepresidenta, Kamala Harris, la gestión de la crisis de migrantes en la frontera con México. 

"No puedo pensar en nadie más calificado", afirmó Biden a los periodistas en una reunión en la Casa Blanca junto a Harris y a los jefes del Departamento de Seguridad Interior (DHS) y del Departamento de Salud.

De igual manera, Biden anunció que este miércoles enviará una delegación a la frontera con México, ante el aumento del flujo de llegada de migrantes indocumentados - sobre todo niños - que el mismo ejecutivo reconoció como un "gran problema" ante las críticas de varios sectores.

La Casa Blanca informó que los funcionarios viajarán junto a una delegación de congresistas para a visitar un centro para migrantes en Carrizo Springs, en Texas, una de las instalaciones que está bajo presión para acoger al creciente número de menores no acompañados que llegan a Estados Unidos. 

La vicepresidenta, Kamala Harris, reconoció que Estados Unidos necesita aumentar la capacidad de procesar las demandas de asilo y de acoger a los migrantes que huyen de la pobreza, la violencia y los desastres naturales en América Central. 

"Es un gran problema", dijo Harris en una entrevista con la cadena CBS en la que también afirmó que el gobierno heredó una estructura muy maltrecha de la anterior administración, que además defendió una política muy agresiva contra la inmigración irregular. 

Un cambio parcial con respecto a Trump 

El gobierno de Biden revirtió las grandes líneas que marcaron el plan migratorio de Donald Trump, como la política de obligar a los demandantes de asilo a esperar en México a que se resolviera su caso, pero toda la cadena de mando del actual ejecutivo ha reiterado el mensaje de que no es el momento de migrar y de que la frontera está cerrada. 

Sin embargo, la promesa de Biden de mantener una política migratoria más humana se ha complicado con el aumento de la llegada de personas, que pone una fuerte presión en la frontera, aunque el gobierno se niegue a catalogar la situación como una "crisis".