La Policía Nacional de Venezuela ha pedido al Ministerio Público que inicie los procedimientos para detener a un grupo de funcionarios y empresarios de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que "podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos".
Es el inicio de la segunda fase del operativo 'Caiga quien Caiga', con el que el Gobierno venezolano pretende atacar la corrupción dentro de las empresas estatales, y estas nuevas peticiones de imputación se han dado gracias a las "rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada", en referencia a la primera fase de este dispositivo.
Situada en Ciudad Guayana esta Corporación se ocupa de los recursos forestales, hierro, bauxita, oro, diamantes y otros minerales para el desarrollo económico del país así como el desarrollo industrial y el sector hidroeléctrico.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alabado las labores de los Cuerpos de Seguridad a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Pueblo de Venezuela! Lo reitero: Nervios de acero, calma, cordura y máxima conciencia popular. A los corruptos los vamos a castigar con el poder de la justicia y la ley. ¡Sea quien sea! ¡Caiga quien Caiga! No permitiremos que se le robe al pueblo".
Aunque esta vez no se ha especificado el número ni la identidad de los investigados, los medios locales reseñaron que entre los detenidos se encuentra el presidente de la CVG, Pedro Maldonado, y parte de los miembros de la directiva de esta empresa.
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Por ahora, la operación anticorrupción se ha saldado ya con la detención de al menos 25 personas, tras las investigaciones en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Entre ellos están varios funcionarios de esa empresa y el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), quienes captaban jóvenes para legitimar capitales "al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos", según subrayó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Los funcionarios se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de Pdvsa en el denominado caso de la red Pdvsa-Cripto.
Los implicados en esa primera fase son 10 funcionarios, 11 empresarios, tres jueces y un alcalde, que están acusados de cargos de "apropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentaran cargos de traición a la patria", explicó Saab.
Por su parte, el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, dijo este lunes que el gobierno buscará la manera de "resarcir al pueblo" de los daños causados por "los traidores a la patria", al referirse a los funcionarios corruptos.
A comienzos de esta semana, trabajadores de la administración pública y jubilados volvieron a las calles de la capital de Venezuela para reclamar ingresos "dignos" y exigir que se recupe el dinero "robado" por funcionarios corruptos para mejorar los salarios pulverizados por la inflación, además de atender necesidades de escuelas y hospitales.
Coreando consignas como "Si hay para robar, hay para pagar", alrededor de 500 manifestantes marcharon en Caracas, vigilados de cerca por agentes policiales, algunos de los cuales grabaron con drones la protesta.
Hicieron hincapié en los desvíos de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El salario mínimo -vigente desde marzo de 2022- equivale a unos 5 dólares, frente a los 482 dólares requeridos en febrero de este año para costear la canasta alimentaria, según estimaciones privadas./Europa Press y AFP