LA PROCURADURÍA General de la Nación solicitó a la Fiduprevisora suspender los trámites de contratación para la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad (PPL) y menores de tres años que convivan con sus madres al interior de establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON).

El Ministerio Público acotó que en la actualidad la necesidad se encuentra cubierta por los recursos que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) destina del Fondo Nacional de Salud de las PPL, que a su vez gira a la Fiduprevisora.

El ente de control encontró que una vez publicados los términos de referencia definitivos, los interesados contaban únicamente con 2 días para presentar sus ofertas.

Siendo un proceso de más de 170.000 millones de pesos, preocupa al Ministerio Público que dicho cronograma pueda lesionar los principios de la contratación pública y solicitó ampliar el plazo de postulaciones para evitar irregularidades.