154 INVESTIGACIONES lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación en torno a los casos de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre ellos el de la compra con sobreprecio de 40 carrotanques para la distribución de agua en La Guajira.

Así lo informó  la jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que esas indagaciones surgieron de los testimonios ofrecidos tanto por Olmedo López como por Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd; además de Luis Eduardo López, el contratista conocido como ‘El Pastuso’.

También aseguró que si ha habido demoras en el proceso es porque la Fiscalía General de la Nación ha ejecutado un proceso minucioso de verificación de datos proporcionados por las personas implicadas en el entramado.

“He escuchado comentarios de cómo nos demoramos tanto si ellos desde el principio han reconocido ser autores. Les quiero contar que las cosas que nos han contado han implicado 154 actividades de investigación de la Fiscalía para corroborar los hechos. Entre órdenes de policía judicial, solicitudes a jueces de control de garantías y actividades de carácter de investigación financiera asociadas a la información que nos han dado. Esto es un trabajo tremendamente amplio”, puntualizó.

En medio de la actividad para la conmemoración de los 19 años de la ley de Justicia y Paz, Camargo indicó que para la confirmación de la información que tienen a mano se han emitido órdenes judiciales y policiales, además de las evaluaciones a diferentes bases de datos. De esta manera, se estaría verificando si lo dicho por los testigos del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene veracidad o no.

La jefa del ente de investigación también dijo que, en medio del proceso, han hecho una minuciosa evaluación de diferentes contratos firmados con la Ungrd y no solo los que suscribieron para la adquisición irregular de los 40 carrotanques para La Guajira.

Al respecto, señaló que “la investigación (de la Fiscalía) no queda aquí. Es mucho más profunda y tiene que ver con todo lo que se ha conocido hasta ahora y con otros hechos que no se han conocido con la Ungrd”.

Como se sabe, por este caso de corrupción son investigados, además de López y Pinilla, otros cuatro funcionarios pertenecientes al gobierno Petro, como lo son Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones; Carlos Ramón González, director nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior.

Asimismo, están bajo la lupa nueve congresistas, entre los que figuran el presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde); el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal); además de los congresistas Karen Astrith Manrique Olarte (Circunscripción de Paz), Julio Elías Chagüi Flórez (La U), Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) y Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal).

Concesiones “a favor de nadie”

En el mismo evento, la fiscal nacional negó que haya un principio de oportunidad con total inmunidad para López y Pinilla.

“Hace no más de dos meses esos mismos implicados hablaban de que querían principios de oportunidad con inmunidad total; por todo lo que pasó en la Ungrd ese no es el escenario en el que estamos, la Fiscalía aquí no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie, se está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite y espero que sea una investigación que favorezca la verdad en el país que tanta falta nos hace”, destacó.

Manifestó que siente profundo malestar “en cuanto a las revelaciones que han hecho estos colaboradores sobre los montos de pena, que no son definitivos, pero que a alguna parte de la sociedad le parece poco; nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años, ni de 18, ni de 10. Naturalmente quien se sienta a negociar quiere una rebaja de pena. Eso es una sentencia preacordada, que no es igual a impunidad”.