EL ALCALDE Federico Gutiérrez Zuluaga expuso este lunes ante los concejales su propuesta de enajenación de las acciones de EPM en UNE-Tigo, cuya autorización es solicitada a través de proyecto de acuerdo.

De aprobarse, la enajenación se realizará conforme a estudios técnicos, bajo principios de democratización, preferencia, protección al patrimonio público y continuidad del servicio.

“Hemos hablado con los concejales de Medellín. Ellos expresan confianza en que esos recursos van a ser bien administrados, pero de todas formas empieza el debate. Es un debate de ciudad, en el que puedan participar todos los sectores sociales, la academia o cualquier ciudadano”, precisó el mandatario.

El alcalde explicó que, si el Concejo aprueba la enajenación de las acciones, el paso siguiente será la venta de las mismas, y que de su valoración se encargará una firma independiente, y subrayó que “si se aprueba el proyecto y se concreta el proceso, los recursos de la venta no vendrán al Distrito, porque nosotros tenemos el plan de desarrollo ya aprobado por el Concejo. Estos no son recursos para financiarlo. Queremos que los recursos pasen a EPM y se conviertan en un fondo, para que este no se vuelva plata de bolsillo y llevemos a Medellín a otro nivel”.

La iniciativa del alcalde de Medellín contempla que los recursos se destinarían a cuatro propósitos de impacto significativo para la ciudad:

El primero es fortalecer el talento humano de la gente con formación en habilidades digitales, en temas que generen empleos inmediatos en turismo y para el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial; el segundo busca convertir a Medellín en la ciudad más innovadora de América Latina, a través de instrumentos de fondo de capital para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica y digital. Esto se lograría a través de Ruta N, encargada de impulsar nuevos proyectos de startups tecnológicas que generen valor para la ciudad.

El tercero es crear un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos aplicando la economía circular, lo que representa una de las líneas de negocio que puede tener EPM, así como garantizar los recursos para la estación de transferencia, en donde ya se tiene el lote y los diseños. Y el cuarto propósito es invertir en la conectividad e Internet de todos los espacios públicos, como parques y escuelas.

“Consideramos desde EPM y la Alcaldía de Medellín que es importante que se enajenen esas acciones para proteger ese patrimonio público. De aquí en adelante lo que sigue es una discusión ciudadana, con técnicos y con personas que conozcan del área de las telecomunicaciones, que se dará alrededor del proyecto ya radicado ante el Concejo. Tiene que ser una discusión completamente transparente, en la que lo primero es dejar claro que EPM es y será 100% pública”, indicó el mandatario.

EPM e Hidroituango

Por otro lado, al cierre de esta edición, el Consejo de Estado suspendió los efectos del fallo que en diciembre pasado ordenó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a reparar a la Sociedad Hidroituango por una suma de más de $781.828 millones a causa de los retrasos y problemas que afronta ese proyecto hidroeléctrico desde 2018.

“El Consejo de Estado admitió el recurso de anulación promovido por EPM en contra del laudo proferido en el marco del Tribunal Arbitral impulsado por la sociedad Hidroeléctrica Ituango. Se accedió a la solicitud de suspensión de los efectos del laudo”, informó la compañía antioqueña.

Todo empezó en diciembre del año pasado luego de que se conociera un documento de más de 300 páginas, que llegó a la conclusión de que EPM era responsable de lo sucedido y, por ende, debía asumir los sobrecostos asociados.

“Declarar que Empresas Públicas de Medellín está obligada a asumir los costos, mayores costos y gastos de toda naturaleza, incluidos los financieros por causa u ocasión del colapso de la obra de desviación denominada Sistema Auxiliar de Desviación - SAD- y su Galería Auxiliar de Desviación GAD-, hasta su completa superación y restitución, incluyendo, y sin limitarlos, el valor de los deducibles y de las sumas no reparadas por las compañías aseguradoras conforme a las pólizas en los que es beneficiaria y a la transacción que celebró con las mismas”, decía el documento.

Posteriormente, EPM acudió al Consejo de Estado buscando dejarla sin efectos.