Un concepto de la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en que pide que se declare inexequible la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 2002, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”.

Esta solicitud puede complicar el rumbo de la ley que le dio piso jurídico a sus negociaciones con grupos armados.

La procuradora Margarita Cabello, dice en el documento de 13 páginas, que “para la Procuraduría es claro que, en virtud de la noción amplia de unidad normativa desarrollada en la jurisprudencia, la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad total de la Ley 2272 de 2022 para asegurar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de sus fallos (...)”.

El concepto de la Procuraduría llega en medio de una demanda que estudia la Corte Constitucional y que pide tumbar el artículo 2 de la ‘Ley de Paz Total’ que le permite al Gobierno negociar nuevamente con desertores de anteriores procesos de paz.

Dicho punto establece que, el Estado está autorizado a adelantar acercamientos y negociaciones con grupos armados dentro de los que caben “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.

Conceptos

Con anterioridad, el Gobierno ha enviado sus propios conceptos en los que se ha contradicho sobre la posibilidad de negociar con desertores. Pese a que en un primer momento dijo que, ex firmantes de paz como Iván Márquez habían perdido toda posibilidad de negociar tras traicionar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, en un documento posterior aseguró que, es el jefe de Estado el que tiene la potestad de decidir con qué grupos negocia y a cuáles les exige sometimiento.

Sobre los argumentos que presentó la Procuraduría para pedir que se declare inconstitucional la norma, está en que algunos artículos se agregaron después de que la Ley pasará por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, por lo que no hubo lugar a que fueran debatidas en esa instancia por los congresistas.

Ya en abril 19 de 2022 la Procuradora, Margarita Cabello, había cuestionado el programa de la ‘Paz Total’, del que dijo que no hay formas claras para lograrla. 

“¿Cómo van a ser los mecanismos para llegar a esa “Paz Total”?, ¿cómo se llevará a cabo el periodo de transición para lograr ese objetivo que no vemos claro?”, se preguntó la funcionaria durante su participación en la cumbre de Gobernadores.

Preocupación

Cabello Blanco expresó por su parte, una extrema preocupación con respecto al proyecto de Ley de Sometimiento en la que dijo que, “esta desampara a las víctimas y concede enormes beneficios con principios de oportunidad a los que perpetraron masacres, asesinatos de líderes sociales y acciones del narcotráfico. ¿Será adecuada esa rebaja de penas (8 años) para todos indiscriminadamente?”, recalcó ante los mandatarios la jefa del órgano de control.

La Procuradora también criticó que el Gobierno pretendiera en su momento tramitar la iniciativa con mensaje de urgencia cuando, por el contrario, son discusiones que deben ser razonadas y bien argumentadas: “¿Será que la humanización requiere de una petición de urgencia manifiesta para el estudio del proyecto?, o ¿será cierta la posibilidad de que el mensaje de urgencia es por la grave crisis penitenciaria?”, dijo la funcionaria.

La Procuradora, también lanzó una dura apreciación a las pretensiones del Gobierno de querer entablar conversaciones previas con las estructuras criminales para acordar condicionamientos que pondrían en riesgo la aplicación de la extradición y sin recibir contraprestación alguna, “lo que sería un cheque en blanco”, precisó.