A MENOS de 16 meses de un nuevo ciclo electoral en Colombia, uno de los grandes retos que afronta el país es la financiación de campañas y la procedencia de dineros con los que justamente los candidatos se impulsan en la carrera por la Presidencia u otros cargos públicos en el país.
Lo anterior fue reflejado en el informe “Círculo vicioso de corrupción y conflicto armado: desafío para la construcción de paz” de Transparencia por Colombia, donde se hace énfasis de la repercusión que estas financiaciones han tenido en el crecimiento de la corrupción y el conflicto armado en Colombia. Andrés Hernández, director de esta entidad, habló en EL NUEVO SIGLO y amplió el panorama sobre la capacidad de las instituciones y la necesidad de una acción de prevención sobre estos hechos.
EL NUEVO SIGLO: El informe de Transparencia por Colombia advierte que desde 1977 uno de los mayores riesgos para las elecciones ha sido la financiación del narcotráfico, ahí relatan elecciones o campañas muy puntuales, ¿ese fenómeno sigue latente ahorita?, ¿por qué?
ANDRÉS HERNÁNDEZ: El riesgo sí sigue latente, en gran medida porque sabemos que en Colombia el narcotráfico sigue teniendo una presencia importante y eso lo ilustran los debates que hemos tenido en semanas recientes alrededor del incremento de los cultivos de coca y, por supuesto, la asociación que esto tiene con grupos criminales ilegales.
Pero, por otro lado, porque seguimos teniendo retos en Colombia frente al control efectivo a las fuentes prohibidas de financiación. Por supuesto una de esas fuentes prohibidas es la financiación que provenga de actividades de crimen organizado, dentro de ellas el narcotráfico.
Ahora bien, por supuesto el riesgo ha mutado desde esa alerta que se hace en el informe de los años 70 y esa mutación tiene que ver, por supuesto, también en cuanto a las distintas normativas, las distintas regulaciones que de todas formas se han producido durante estas décadas en todo lo que tiene que ver con lavado de activos, y que, por lo tanto, hacen que el riesgo siga latente, pero que sea distinto.
ENS: ¿la legislación actual es suficiente, justamente, para combatir o necesita una nueva legislación como la que se está discutiendo en el Congreso?
AH: Nosotros consideramos que más que nueva legislación realmente lo que necesitamos es un fortalecimiento de los controles de las entidades encargadas de justamente hacer seguimiento, investigación, detección, sanción de fuentes prohibidas de financiación de campañas. Y entonces otra vez, más que nuevas leyes necesitaríamos es una implementación efectiva.
Por ejemplo, la ley ya prevé un escenario de una comisión de política criminal electoral que reúne no solamente la autoridad electoral, el Consejo, sino también a otras entidades muy importantes como la Fiscalía, entidades del poder Ejecutivo, organización electoral, la Procuraduría; que podrían estar haciendo un trabajo mucho más ambicioso en términos de coordinar los alcances y las responsabilidades que tienen esas entidades y sobre todo preparar y planear a tiempo un trabajo efectivo a nivel territorial que es donde de todas formas existe un desafío grande en tener alcance de estas instituciones para poder controlar esos flujos irregulares de dinero y por supuesto una eventual financiación ilegal de campañas.
Y a eso hay que sumarle también la acción activa de organismos de inteligencia. Creo que eso es un elemento muy claro, porque luchar contra estas fuentes criminales no se puede hacer si no se incorporan justamente herramientas de lucha contra el crimen organizado como lo son la inteligencia y, por supuesto, en particular la inteligencia financiera.
Entonces, consideramos que más que una reforma o una nueva ley, lo que hay que hacer es avanzar decididamente en la implementación de lo que existe, y por supuesto, en cuanto a lo que se ha planteado en la reforma política que está avanzando en el Congreso que busca la financiación 100% estatal. Nosotros hemos considerado que eso no soluciona los riesgos de financiación ilegal, de financiación criminal y financiación por parte, por ejemplo, de grupos asociados con dinámicas de narcotráfico.
ENS: ¿Cuáles serían los principales correctivos que se deberían aplicar o cuáles son los que se están aplicando de una u otra forma ante casos que se presenten de financiación de narcotráfico?
AH: Hay un tema muy importante que es no esperar a que inicie activamente el ciclo electoral, es decir, desde meses antes y sabemos que el calendario formal de las elecciones del 2026 empieza en marzo del 2025, por eso es que toca planearse muy bien.
Lo importante es que, desde ese momento, desde esa planeación tan anticipada ya existan los mecanismos de detección, de alerta, de seguimiento, posibles flujos irregulares que haya en distintas regiones del país o distintos esquemas para poder determinar patrones, para poder determinar escenarios de riesgo alrededor de las elecciones, pero también de ciertos territorios que puedan presentar más desafío.
Sabemos que aquellos territorios donde hay una mayor presencia de economías ilegales, por supuesto, traen unos retos específicos. Pero lo otro muy importante nos parece es seguir avanzando en todo lo que el país está trabajando hace muchos años en materia de lavado de activos.
Y lo menciono nuevamente porque hace un rato decía que este riesgo ha mutado, esa mutación también tiene que ver con la manera como estos dineros se mueven. En décadas anteriores había esas imágenes de los barriles o las maletas llenas de dólares, llenas de dinero, seguramente también hay movimientos de ese tipo, pero también hay otros movimientos de carácter financiero o lavado de activos asociados, por ejemplo, a bienes raíces, a otro tipo de bienes que no son fáciles de controlar. Y entonces la atención sobre esos flujos que se puedan poner desde ahora que se siga realizando por parte de las autoridades en esta materia es muy importante para poderla vincular con riesgos de financiación ilegal dentro de unos meses.
Es un escenario un poco complejo, pero el punto de fondo es no esperar a que arranquen las elecciones para tomar estas acciones de prevención y segundo profundizar con todas las herramientas que ya tiene el estado colombiano en particular esos instrumentos de inteligencia, inteligencia financiera para prevenir esos riesgos que siguen estando latentes.
ENS: ¿Cómo contribuyen este tipo de actos al conflicto armado en Colombia?
AH: Pues es un escenario que es más complejo. El análisis que hicimos en Transparencia por Colombia justamente busca volver a poner sobre la mesa esa relación que ha habido durante décadas entre corrupción y conflicto armado que casi que es una relación interdependiente, es decir el uno se alimenta del otro, y la manera cómo esto impacta distintos ámbitos de la democracia incluyendo los procesos electorales.
En un contexto que tenemos en el cual en muchos territorios sigue habiendo un conflicto activo, sigue habiendo unas condiciones para, por ejemplo, el ejercicio del periodismo, del control ciudadano, la denuncia, que son muy riesgosas, pues eso hace que esa perspectiva hacia 2026 sea delicada y por eso otra vez la importancia de esa planeación temprana, de esa mirada detallada a los contextos específicos de cada región que están enfrentando estas problemáticas.
Y, por supuesto, el reto grande de abordar esos distintos contextos, esas situaciones diversas que tenemos en el país con unas capacidades limitadas el estado colombiano sigue teniendo muchos retos para enfrentar esas dinámicas de crimen organizado, pero hay que hacer el trabajo. Creo que la palabra clave aquí va a ser una anticipación, una planeación y una acción coordinada por parte de los distintos órganos del estado y, por supuesto, también de las autoridades locales.