La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes debatirá el proyecto de ley que establece lineamientos para la protección de los colombianos frente a la obsolescencia programada de productos electrónicos. La propuesta tiene como ponente a la congresista Martha Villalba, del Partido de La U, quien explicó que la acumulación de estos residuos implicaría graves daños para la población y el medio ambiente.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto de ley?

MARTHA VILLALBA: El proyecto consiste en establecer lineamientos que garanticen la protección de los consumidores contra los efectos de la obsolescencia programada de los productos y dispositivos eléctricos y electrónicos de consumo, y establecer disposiciones que permitan reducir los volúmenes de residuos electrónicos en el territorio nacional.

Sabemos que la obsolescencia programada es el fin de la vida útil de un producto, es decir, que después de un periodo de tiempo calculado anticipadamente por el fabricante durante la fase de diseño, este se vuelva no funcional o inservible por diversos procedimientos. Sin embargo, desde hace algunos años, los aparatos electrónicos viejos o inservibles se acumulan sin cesar, olvidados en nuestras casas o masivamente en los basureros locales, por lo que la iniciativa se encamina a contraponer este fenómeno ya que constituye una violación a los derechos de los consumidores.

ENS: ¿Qué tipos de obsolescencia existen?

MV: Existen diversos tipos. La obsolescencia de función, que consiste en que un producto se vuelve obsoleto cuando se introduce otro que desempeña mejor la función; la obsolescencia de calidad, que es aquella que se introduce de forma intencionada de modo que se apresure la avería, desgaste o rotura del producto; y la obsolescencia de deseabilidad o psicológica, que se promueve mediante estrategias de cambio de diseño o estética para inducir al consumidor a comprar.

ENS: ¿Cuál es la situación de obsolescencia en Colombia?

MV: Para el caso de Colombia, se observó que cada colombiano produjo 5,3 kilogramos de residuos electrónicos al año, y de estos, 3,7 kilos son residuos asociados a la computación. En 2019, la cifra superó los 0,3 millones de toneladas métricas, un incremento del 14,4% en comparación con lo generado en 2014, por lo que fue catalogado como el cuarto mayor generador de basura electrónica en América Latina y el Caribe.

Esto es preocupante por los diferentes impactos que estos residuos causan en el medio ambiente y en la salud de la humanidad, ya que en ellos encontramos materiales peligrosos como metales pesados: mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico o antimonio, entre otros.

ENS: ¿Qué otros países han impulsado esta normativa?

MV: Por ejemplo, Bélgica fue pionera en la lucha contra la obsolescencia programada de los productos relacionados con la energía, al adoptar una resolución que recomienda crear un etiquetado sobre la vida útil de los productos. Lo mismo ocurrió con otros países europeos que adoptaron medidas para frenar este fenómeno. En el continente, destacamos a Ecuador que incluyó la obsolescencia en un Código Orgánico, por lo que son buenos referentes para el país.