La Alcaldía de Bogotá anunció nuevas medidas que buscan frenar la ola de criminalidad que viven los ciudadanos y entre las que se incluye una nueva fuerza policial y restricciones para los motociclistas.

A partir del 11 de abril, se restringirá el parrillero en moto los jueves, viernes y sábados entre las 19:00 y las 4:00 horas, mientras que los conductores de motos “deberán tener visible el número de placa en el casco e indumentaria”.

Asimismo, y en colaboración con el Ministerio de Trabajo, se llevarán a cabo operativos y sellamientos a clubes nocturnos “que fungen como organizaciones sindicales, y todo establecimiento público nocturno deberá vincularse a una red de cuidado y/o frente de seguridad”.

A partir de las 22:00 y hasta las 4:00 horas “no se permitirá la permanencia grupal” en parques, corredores ambientales y plazas urbanas, quedando prohibido el consumo de licor, música y el ruido excesivo; solo se admitirá el tránsito de personas por estos sitios.

Algunas críticas 

Una investigación publicada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes señaló que las restricciones a motociclistas simplemente pueden hacer que se cambien las formas en que se cometen los delitos. “Por un lado, el delito puede reaccionar estratégicamente, por ejemplo, migrando a otras zonas de la ciudad u otros medios de transporte. Por otro lado, se trata de una política que depende de la capacidad de las autoridades locales de hacer respetar la prohibición en cuestión“, advierte el estudio.

“Dado los costos de vigilar su cumplimiento y los costos que se imponen sobre la ciudadanía, las autoridades locales deberían buscar otras alternativas de política pública en materia de seguridad”, señaló el centro en su página web.

El estudio no encontró grandes impactos de estas medidas ni efectos duraderos sobre el delito. En los casos en que hay reducción del crimen, los efectos son compensados por un aumento del delito en las zonas alrededor de donde rige la medida, implicando desplazamiento del crimen.

Ya en varias ocasiones se ha impuesto esta medida, como en 2018 durante el mandato de Enrique Peñalosa, pero a los cinco meses se dejó de aplicar al no obtener los resultados esperados.  

Claudia López, antes de ser alcaldesa lo recordó: “Tres veces la han puesto en Bogotá y tres veces no ha servido. Lo que terminamos es afectando. ¿Quién usa moto? Gente humilde, de clase media, que necesita trabajar, que lleva su niño al colegio, que lleva a su compañera al trabajo. Terminamos amargándole la vida a la gente humilde y no baja el hurto”.

“Funciona siempre y cuando no sea continua, se dé en unos horarios establecidos y se haga una evaluación de la misma”, sostuvo Andrés Nieto, ex subsecretario de seguridad de Bogotá.

Por ahora, ante esta situación, los motociclistas decidieron movilizarse el próximo 11 de abril por las calles de Bogotá para mostrar su rechazo.

En cuanto a los parques

Según organizaciones como Temblores ONG, la prohibición de permanencia en parques puede aumentar el riesgo de que la Policía persiga a la juventud. Es así como este organismo escribió en su cuenta de Twitter: “Alcaldesa Claudia López, con mucha preocupación, advertimos los riesgos de esta medida que se puede convertir en un nuevo foco de persecución a la juventud por parte de la Policía de Bogotá”.

“Durante la pandemia nuestra organización documentó en el informe ‘Trapitos al sol del autoritarismo’ cómo este tipo de disposiciones antagonizan a un determinado grupo de la sociedad con la Policía. Invitamos a mirarlo y a no repetir errores”, añadió.

Laura Doncel, consejera local de Juventud en Fontibón, señaló en Twitter: “Esto es criminalizar aún más la vida juvenil sobre todo en un país donde hemos sido estigmatizados las y los jóvenes por estar concurriendo en la ciudad a altas horas de la noche. Y además preocupa en un país donde, para nadie es un secreto, se han evidenciado prácticas como la mal llamada limpieza social, que no es nada más y nada menos que un grupo de gente”.

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Las voces de concejales y expertos

El atentado terrorista a un CAI de Policía en Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) hace una semana, llevó a que la Alcaldesa convocara un Consejo de Seguridad Nacional, tras el cual instauró nuevas medidas, entre las que se prohibió el parrillero en moto de jueves a sábado. Frente a estas decisiones hubo concejales a favor y en contra, pero todos ellos coincidieron en que hay improvisación en materia de seguridad en Bogotá.

Vale referir, además, que algunos analistas y expertos en seguridad urbana, tales como Néstor Rosanía, dijeron que incluso las medidas que se tomaron podrían se inconstitucionales por violación del derecho a la libre reunión y locomoción.

“Estas medidas no van a servir para nada porque son medidas reactivas que no atacan el problema de las estructuras de crimen organizado en la ciudad sino que son más para generar un impacto de opinión por las coyunturas de las bombas. Ahora, ¿que sí soluciona? Un aumento en materia de inteligencia, y que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un actor que siempre pasa de agache y no dice nada, entre en la lógica de las soluciones”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el experto en seguridad urbana Néstor Rosanía.

En esto coincidió el concejal de Colombia Justa Libres Emel Rojas, uno de los cabildantes que propuso que se militarizaran portales como el de Las Américas en el marco de las protestas del año pasado, y quien le dijo a este medio de comunicación que las medidas recientes “son improvisadas”.

“Sé que habrá algunos resultados como con el parrillero porque hemos visto que en motos se están cometiendo muchos delitos en Bogotá. Con relación a los horarios en los parques el secretario dijo que serían para liberar a la Policía después de las diez de la noche pero varias personas se van a ver afectadas. Y Bogotá debió haber militarizado la ciudad hace dos años. Todas son medidas contingentes permanentes y no hay una política o estrategia de seguridad contundente en la capital”, indicó a este medio el concejal Rojas.

También la cabildante del Centro Democrático Diana Diago, además de referir que muchas de las que se anunciaron son medidas que ya se habían solicitado desde el Concejo de Bogotá, considera que no todas tienen sostenibilidad en el tiempo y eso hace que no se vean reflejadas en la seguridad. “¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Hacia dónde van dirigidas? No son medidas malas pero son improvisadas. Bogotá necesita una política pública de seguridad que sea sostenible en el tiempo”, dijo a esta redacción la concejal Diago.