EN LA recta final para el debate en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, entrará a partir de la próxima semana el proyecto gubernamental por medio del cual “se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”.

Esta iniciativa, denominada “humanización carcelaria”, tiene un mensaje de urgencia, razón por la cual es debatida de manera conjunta por las células de asuntos constitucionales. La idea del Gobierno es que, antes de que termine abril la iniciativa reciba el visto bueno en el primer y el tercer debate, para que pase a consideración de las plenarias en mayo y así pueda ser aprobada antes de que termine la legislatura en la tercera semana de junio.

Antes de Semana Santa, el Ministerio de Justicia y los congresistas de las Comisiones Primeras realizaron nuevas audiencias públicas para explicar los alcances del proyecto, sobre todo ante las duras críticas que el fiscal Francisco Barbosa ha lanzado.

Las últimas audiencias se realizaron en Cúcuta y Pasto. Allí el titular de la cartera judicial, Néstor Osuna Patiño, defendió el objetivo de la reforma, señalando que desde septiembre de 2022 se han realizado más de una veintena de estos foros en todo el país, aunque la iniciativa fue radicada semanas atrás en el Congreso.

Como se conoce, el Gobierno insiste en que este proyecto de ley persigue cuatro objetivos fundamentales, empezando por enfrentar el afán punitivo con que se ha legislado en las últimas décadas, que la Corte Constitucional ha señalado como un defecto del sistema. También sostiene que debe hacerse una apuesta por la justicia restaurativa como mecanismo útil y expedito de resolución de diversos conflictos sociales que se suelen tramitar por la vía penal de forma menos efectiva. Y se suma que, por esta vía se busca que la etapa de ejecución de las penas cumpla su finalidad constitucional de resocialización. Todo ello debería, entonces, redundar en una menor tasa de reincidencia criminal y, por lo tanto, disminuiría la inseguridad ciudadana.

En la audiencia efectuada en Cúcuta, por ejemplo, Osuna rechazó los señalamientos contra el articulado, sobre todo en lo relacionado con el aparte que propone un tratamiento penal alternativo para pequeños cultivadores en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.

Esta propuesta ha sido duramente criticada por la Fiscalía, sobre todo ante el riesgo de que se esté abriendo paso a despenalizar toda la cadena del negocio del narcotráfico. También indicó que varias de las propuestas son abiertamente inconstitucionales y no pasarán el examen de la Corte Constitucional.

Otros congresistas han alertado sobre el riesgo de excarcelaciones masivas. Entre tanto que, varios alcaldes de ciudades principales sostienen que se dispararán los delitos de alto impacto y la reincidencia criminal.

Osuna replicó que el Gobierno está absolutamente comprometido en luchar contra el narcotráfico. “El Fiscal y otras personas han criticado, creo yo que con un exceso de ruido desproporcionado, las dimensiones del artículo que cobija a pequeños agricultores que deriven su sustento de cultivos ilícitos. La idea propuesta, la verdad, no es para narcotraficantes, jamás”, precisó.

De acuerdo con Osuna “…, no ha habido en los últimos tiempos ningún otro gobierno tan lejano a las dinámicas del narcotráfico como este”. Lo que sí precisó es que, el Gobierno es consciente de que el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico es, los campesinos y cultivadores de hoja de coca, a quienes responderles con el aparato penal del Estado no es razonable. “No proponemos que esto deje de ser delito, pero sí que haya un tratamiento penal alternativo para esos cultivadores", indicó.

Agregó que, durante los últimos 20 años Colombia ha entrado en una espiral de punitivismo, con una tendencia a aumentar penas, disminuir beneficios para personas condenadas, crear delitos nuevos y pensar de modo errado que mediante el derecho penal se podrían dar soluciones a múltiples problemas sociales.

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"Ese agravamiento de la privación de la libertad, esa confianza excesiva de que la cárcel puede servirle en algo a la sociedad, no había disminuido los índices de criminalidad ni permitido la resocialización de las personas privadas de la libertad", explicó.

Es más, para el Ministro el proyecto de ley es una reforma moderada y no constituye una gran revolución del derecho penal. “Probablemente este país necesite un gran cambio y este solo sea un primer abrebocas".

Inasistencia alimentaria

Frente a la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria, Osuna señaló que en 2021 se aprobó la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam); un mecanismo ágil para el cobro de las obligaciones alimentarias.

“Es como un banco, una especie de Covinoc o Datacrédito, pero con muchos más dientes. Quienes estén registrados en el Redam no podrán, entre otras cosas, acceder a un crédito bancario o ejercer cargos públicos. Son sanciones muy severas para el deudor alimentario, que consideramos, son mucho más eficaces que la cárcel para lograr el pago de una suma de dinero", indicó.

En la audiencia pública en Pasto, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, sostuvo que “queremos generar un mecanismo de resocialización para que las personas que ingresen al sistema penitenciario puedan salir mejor y no peor. Las cárceles, según la Corte Constitucional, son universidades del delito en las que cada mes pagamos por cada persona $2.600.000 ”.