Gobierno proyecta Presupuesto General de $435,6 billones | El Nuevo Siglo
EL SECTOR de educación recibirá más recursos con $60,4 billones (2% más que en 2023), en el anteproyecto de presupuesto para 2024. /Archivo
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Lunes, 10 de Abril de 2023
Redacción Política

El gobierno radicó el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2024, en las comisiones tercera y cuarta de Cámara y Senado y que contempla recursos por $435 billones, lo que significa un aumento de 7,2% frente al de este año que fue de $405,6 billones. Sin embargo, si se aprueba la adición por el Congreso, quedaría en $414,2 billones.

El ministerio de Hacienda, precisó que las cifras que se entregaron en este anteproyecto son tentativas y serán ajustadas en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, a mediados de junio, y también con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

El documento también indica que se dispondrán recursos de $103,1 billones para cubrir el servicio de la deuda pública. Mientras que los sectores que recibirían más recursos son: educación, con $60,4 billones (2% más que en 2023); salud, con $54,6 billones (1,5% más); para el Ministerio de Trabajo se destinarían $37,04 billones; y otro de los sectores es el de Hacienda con $27,7 billones.

Precisa la cartera de Hacienda que el proyecto de ley correspondiente se presentará al inicio de la próxima legislatura, como lo establecen los artículos 346 de la Constitución Política y 52 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996.

Hay que tener en cuenta que algunas entidades no reportaron su inversión, por lo que algunos rubros podrían aumentar de cara al proyecto final.

Sectores

En el caso de la educación, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar se piden $1,1 billones y para la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, $46.286 millones.

En el rubro de la salud, el ministerio quedaría con $52,7 billones, pero el Invima está pidiendo recursos por $341.674 millones; el Instituto Nacional de Salud, $105.014 millones y la Superintendencia Nacional de Salud, $327.763 millones.

En tercer lugar, el Ministerio del Trabajo contempla recursos por $37,04 billones, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) solicitó $4,8 billones.

Defensa

El cuarto sector con más recursos que contempla el anteproyecto para el 2024 es el de defensa, con $37,4 billones. Prosperidad Social tendría $16,1 billones, y la Policía Nacional, $15 billones.

Detrás se ubica el rubro de minas y energía, con $8,4 billones; la Rama Judicial, con $7,2 billones y para la Fiscalía están estipulados en $6,4 billones.

Asimismo, aparece el sector de vivienda, con $5,9 billones y el de justicia, con $4,4 billones.

Según el Ministerio de Hacienda, en el anteproyecto hay varios sectores que aparecen por ahora con un menor presupuesto respecto al de este año. Por ejemplo, para la ciencia se plantean $257.202 millones, es decir, 50% menos de los $516.000 millones que hay en el Presupuesto de este 2023 con la adición presupuestal incluida.



En estas mismas disminuciones en el presupuesto para 2024, está el sector de cultura, para la que se contemplan $466.899 millones, mientras que para este año había unos $807.000 millones. Para el deporte se tienen establecidos $949.000 millones dentro de la carta de recursos, una cifra menor a los $550.000 millones de este año. También el agro como sector tiene una cifra menor, con $1,9 billones, mientras que en la adicción presupuestal de este año aparecía con más de $7 billones.

Regalías

De otro lado, hay que tener en cuenta que para este año el Congreso aprobó recursos para la inversión social, con el presupuesto de regalías de $31,3 billones.

Esta Ley regirá hasta el 31 de diciembre de 2024, y es superior 81% a los dos años anteriores, con un incremento de $14 billones, siendo el más alto asignado a los territorios desde la entrada en operación del Sistema General de Regalías (SGR) en 2012.

De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, la norma aprobada resalta la importancia de avanzar por una senda de transición energética segura, confiable y eficiente, que mantenga la soberanía energética y destine los recursos provenientes del sector minero-energético para financiar programas estratégicos de desarrollo en los territorios.

Para cumplir con el artículo 361 de la Constitución Política esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones.